Comunicados

2017-08-15

Gobierno Nacional retira escoltas a personas amenazadas por trabajar a favor de la restitución de tierras

30 de septiembre del 2013

Lunes, 30 de Septiembre de 2013 12:34

El sábado 28 de septiembre la Unidad Nacional de Protección le retiró el esquema de protección a Fernando León Enamorado, coordinador de Tierra y Vida en Medellín y delegado de la Mesa Municipal de Víctimas. 

Enamorado fue víctima de dos atentados contra su vida, el primero el 22 de octubre de 2010 en Itagüí, cuando dos sicarios intentaron asesinarlo con arma de fuego y el segundo fue tres días después en el barrio Obrero de Apartadó, en esta ocasión recibió tres disparos en la cara y el pecho, reduciendo su capacidad de hablar.

Debido a estos hechos ha sido sometido a más de 17 cirugías de reconstrucción facial y el desplazamiento de él y su familia a Medellín. Los responsables de los atentados son al parecer pertenecientes a la banda criminal Los Urabeños, sin embargo aún no hay claridad al respecto pues la Fiscalía no ha avanzado en esta investigación y los autores intelectuales y materiales siguen en libertad.

Fernando Enamorado actualmente es coordinador de Tierra y Vida en Medellín y hace parte activa de la Mesa Municipal de Víctimas. Su familia aún recibe amenazas por los posibles autores de los atentados que sufrió.

Igualmente fue debilitado el esquema de protección de Carlos Páez, recientemente nombrado presidente de la Asociación Tierra y Vida y quien  ha recibido múltiples amenazas, la más reciente a través de un panfleto enviado el 6 de junio de este año y también a Gerardo Vega, presidente de la Fundación Forjando Futuros.

En la misma situación se encuentran otros líderes reclamantes de tierras, integrantes de organizaciones sociales, funcionarios públicos y dirigentes sindicales en Antioquia, Caquetá, Atlántico, Arauca y Cesar, a los que se les retiraron o redujeron los esquemas de seguridad.

La Fundación Forjando Futuros y la Asociación Tierra y Vida alertan sobre la gravedad de la decisión tomada por el Gobierno Nacional, que pone en riesgo la seguridad y la vida de miembros de organizaciones sociales que trabajan por la restitución de tierras a los despojados.

Participación permanente en el CERREM

Según los artículos 36 y 37 del Decreto 4912 de 2011, el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas –CERREM, es el encargado de analizar la situación de riesgo de cada caso y determinar las medidas de protección que deben tomarse.

Este grupo es conformado de manera permanente por el Ministerio del Interior, el Programa Presidencial de DDHH y DIH, la Unidad de Víctimas y la Policía Nacional y cuenta con la presencia como invitados de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH, ACNUR y cuatro delegados de las poblaciones objeto del Programa de Prevención y Protección.

Sin embargo, los representantes de las poblaciones objeto de protección no tienen voz ni voto en las decisiones que toma el CERREM. Tampoco tienen participación las regiones en estas decisiones, una grave falla de contexto, pues la mayoría de los casos de amenazas a víctimas, reclamantes de tierras y miembros de organizaciones sociales ocurren en las zonas rurales del país.

Por esta razón, la Fundación Forjando Futuros y la Asociación Tierra y Vida solicitan la participación permanente en este Comité, con la opción de votar en los momentos en que se evalúen casos referentes a víctimas del conflicto y reclamantes de tierras, para permitir una evaluación más acertada de las situaciones de riesgo que corre esta población, basándose en la experiencia de estas organizaciones en todas las regiones objeto de restitución de tierras.

No se puede seguir evaluando el peligro que se corre en las regiones desde la comodidad de Bogotá y tomando decisiones que revictimizan a personas y comunidades afectadas por la violencia y el temor de reclamar sus derechos.

 

GERARDO VEGA MEDINA

Presidente Fundación Forjando Futuros

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