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2017-08-15

A favor de la organización de las víctimas por Guillermo Rivera

09 de Septiembre de 2011

El Estado tiene el deber de proteger adecuadamente a las víctimas y está en mora de hacerlo.

Juan Manuel Santos debería apostar a la organización social de las víctimas para enfrentar políticamente a la mano negra.

A finales de la década de los 60, el ex presidente Carlos Lleras Restrepo intentaba sacar adelante su iniciativa de reforma agraria y se enfrentaba a los grandes propietarios de la tierra en Colombia y a sus voceros en los gremios y en la clase política, aquellos a quienes históricamente ha incomodado que se democratice la propiedad rural.

En el otro lado de la moneda estaban miles de campesinos sin acceso a la propiedad rural, esperanzados en lo que el Gobierno pudiera hacer en su favor, dispersos por todo el territorio nacional, sin voceros en los gremios y muy pocos en la clase política.

Existía un poder terrateniente sobrerrepresentado gremial y políticamente, frente a unos campesinos sin gremio que los agrupara y representados políticamente por pocas y solitarias voces.

Lleras Restrepo supo leer esa realidad y tomó la decisión de propiciar un equilibrio de fuerzas, promoviendo para ello la organización de los campesinos que aspiraban a ser los beneficiarios de la reforma agraria, y, gracias a ese empeño, nació la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), que, aunque sin el vigor que llegó a tener en los años 70, aún hoy existe.

El presidente Santos se empeñó en sacar adelante la ley de víctimas y restitución de tierras en el Congreso y lo logró, no obstante que destacados y poderosos opositores de la misma, algunos de dientes para adentro, hicieron lo posible por bloquear la iniciativa o, al menos, "modular" sus alcances.

Pero, además de ellos, existen los testaferros de los criminales, y los propios criminales, que hoy se resisten a perder sus privilegios de terratenientes y acuden a sicarios a sueldo para acallar las voces de los líderes de las organizaciones de víctimas que quieren ejercer su derecho a la justicia.

Los enemigos de la ley de víctimas, al igual que los terratenientes de los años 60, algunos de los cuales son los mismos de ahora, tienen poder gremial y político y, lo que es peor, otros tienen poder criminal, en tanto que las víctimas, casi igual que los campesinos que esperaban la reforma agraria de los años 60, están dispersas por todo el territorio nacional, incipientemente organizadas, asediadas y algunas asesinadas por los criminales; su representación en la clase política, aunque ha crecido, no se compadece con la magnitud del fenómeno.

El Estado tiene el deber de proteger adecuadamente a las víctimas y está en mora de hacerlo, pero el Estado también tiene el deber de empoderarlas políticamente para que ganen en interlocución ante el propio Estado colombiano y ante la comunidad internacional.

Vincularlas activamente a la discusión de la reglamentación de la ley sería un primer paso, y lograr que la política de reparación y asistencia de las víctimas se convierta en un escenario que promueva su organización significaría una audaz apuesta para evitar su revictimización.

Los cooperantes internacionales en Colombia se preguntan y nos preguntan cuál sería la mejor manera de contribuir al éxito de la aplicación de la ley de víctimas, y no dudo en responder que a través de acciones en procura de la organización de las mismas.

Lleras Restrepo hizo la apuesta de la organización social de los campesinos para enfrentar políticamente a los terratenientes; Juan Manuel Santos debería apostar a la organización social de las víctimas para enfrentar políticamente a la mano negra.

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