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2017-08-15

Acuerdos comerciales de la Unión Europea con Centroamérica, Colombia y Perú: Obstáculos para el desarrollo «sostenible»

21 de Septiembre de 2011

Se espera que en la segunda mitad de 2011, el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la Unión Europea (UE) y Colombia y Perú y el Acuerdo de Asociación (AdA) entre la UE y Centroamérica (CA) sean presentados por la Comisión Europea (CE) ante el Consejo y Parlamento Europeo. Ésta será la primera vez, en los cuatro años de negociaciones, que el Parlamento podrá leer y analizar el documento. Pero no podrá realizar cambios o modificaciones sino que dará su consentimiento por mayoría simple en la postura de “o lo tomas o lo dejas”.

RESUMEN EJECUTIVO

El AdA entre UE-CA consta de tres pilares: diálogo político, cooperación y comercio. Sin embargo, como las dos regiones ya habían suscrito un Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación en 2003, el pilar de comercio (léase Tratado de Libre Comercio) constituye el principal cambio en las relaciones birregionales. El Acuerdo de la UE con Colombia y Perú es de tipo comercial, se denomina: “Acuerdo Multipartes” e incluye también cláusulas políticas.

El comercio es importante, necesario y puede servir como medio para promover el desarrollo sostenible. Sin embargo, creemos firmemente que los Acuerdos Comerciales negociados no cumplen con sus objetivos generales de contribuir al desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza; más bien, corren el riesgo de hacer lo contrario. Además desestiman las asimetrías en los niveles de desarrollo entre la UE y Centroamérica, Perú y Colombia, así como entre los mismos países latinoamericanos.

Tales preocupaciones son compartidas por muchas redes de la sociedad civil, organizaciones, académicos, sindicatos y movimientos sociales de todo el mundo, especialmente en Latinoamérica y Europa. Es necesaria una discusión profunda e inclusiva en el Parlamento Europeo sobre las implicaciones de estos Acuerdos, a fin de garantizar un control democrático efectivo. El presente documento ofrece elementos a considerar en un debate democrático.

PRINCIPALES HALLAZGOS

Los Acuerdos obstaculizan el desarrollo de políticas nacionales que apuntan hacia el cumplimiento de los derechos humanos y el desarrollo sostenible.

• Los países centroamericanos, Perú y Colombia, sufren situaciones de violación de derechos humanos generalizadas que tienden a deteriorarse.. El Sistema de Preferencias Generalizadas de la UE (SPG+) condiciona las preferencias comerciales a la ratificación e implementación efectiva de 27 Convenciones fundamentales relativos a los derechos humanos y laborales, normas ambientales y principios de gobernanza. Sin embargo, los Acuerdos AdA/ TLC contienen menos Convenios Multilaterales que el SPG+ y no incluyen mecanismos vinculantes para garantizar la efectiva aplicación de estas normas. Por consiguiente, en virtud de los Acuerdos, la UE no podrá suspender las preferencias arancelarias ni imponer sanciones, sobre la base del incumplimiento de las Partes de las normas de derechos humanos, leyes ambientales o laborales.

• Los gobiernos de Centroamérica, Colombia y Perú ya no podrán favorecer a los productores locales por encima de los extranjeros, debido a que mediante los Acuerdos la UE ha logrado un amplio acceso al mercado y trato nacional. Esto reduce la posibilidad de los gobiernos de Centroamérica, Colombia y Perú de utilizar la contratación pública como un instrumento de política económica para el fomento y promoción de la economía local y las industrias nacionales. Por otro lado, es muy difícil - si no imposible - que las empresas centroamericanas, colombianas y peruanas tengan acceso al mercado de contratación pública de la UE, debido a las asimetrías existentes en el nivel de competencia y capacidad, así como de otras barreras internas no comerciales de la UE.

• Los proveedores de servicios de la UE, que tienen gran ventaja competitiva, tendrán acceso a los mercados de Centroamérica, Colombia y Perú bajo las mismas condiciones que los proveedores de servicios locales. Así, se verán bloqueadas las opciones políticas de estos países para apoyar a sus proveedores locales y promover su participación en el comercio nacional e intrarregional. Las evaluaciones de impacto sobre la sostenibilidad del comercio (EISC) muestran que los AdA/TLC, en términos de producción y empleo en el sector de servicios, traerán impactos negativos para Centroamérica, Colombia y Perú, al estar presionados por las empresas e importaciones de la UE.

• En las negociaciones comerciales con terceros países la UE continúa ejerciendo presión para una mayor liberalización del sector financiero en condiciones que contradicen las principales propuestas de reforma financiera de la UE tras la crisis financiera. La UE también ha desestimado las EISC encargadas por la Comisión Europea para ambos Acuerdos que concluyen que “la liberalización de los servicios financieros tendría un impacto negativo en la producción de los sectores de servicios financieros” (en Centroamérica, Colombia y Perú), y que “se espera que estos sectores recorten puestos de trabajos al sentir la presión de las importaciones provenientes de Europa”.

• La cláusula de mantenimiento del status quo en los Acuerdos prohíbe la aplicación de nuevos derechos de aduana o la reintroducción de los ya existentes. Establece que una vez eliminados los aranceles aduaneros, no podrán volver a imponerse. Esto implica que se perderá la flexibilidad arancelaria que otorga la OMC y que los países de Centroamérica, Colombia y Perú, no podrán utilizar los aranceles como un componente crucial de sus políticas de agricultura e industrialización (como lo han hecho en el pasado los países europeos). Los aranceles son relativamente fáciles de aplicar y manejar y constituyen un instrumento político importante para los países con un presupuesto limitado que no les permite subsidiar o sufragar la producción local.

• Los AdA/TLC no incluyen un mecanismo efectivo para la prevención de la apropiación indebida de recursos genéticos o conocimientos tradicionales mediante los Derechos de Propiedad Intelectual. En particular, no hay obligación de revelar el origen como condición para otorgar patentes. Sobre e un tema relevante como el de de transferencia de tecnología la UE acordó “hacer el mejor esfuerzo” para fomentar entre sus instituciones y empresas la transferencia de tecnología, pero este es un compromiso impreciso, no vinculante. Por lo tanto, no garantiza que se realice efectivamente en la práctica la transferencia de tecnología que tanto se necesita.

Los Acuerdos fomentan una creciente dependencia de la exportación de materias primas que viene a intensificar la presión sobre los recursos de tierra y agua.

• Para Centroamérica, la evaluación EISC estima una concentración de la producción en sectores como frutas, verduras y frutos secos. Entretanto, prevé una reducción del valor agregado en sectores económicos como el sector transporte, industrial y de seguros. Esto, debido a la presión competitiva de las empresas de la UE. Lo mismo se estima para Colombia y Perú, donde los productos que podrían beneficiarse más son azúcar y frutas (bananos principalmente) y los sectores de minería e hidrocarburos. Por consiguiente, estas economías dependerán aún más de las exportaciones de productos primarios, estrategia que no ha resultado adecuada para el desarrollo sostenible. Los países no pueden depender de las exportaciones para impulsar el desarrollo y la generación de empleos. Conviene prestar más atención al fortalecimiento de la demanda interna. Existe una amplia literatura económica que también pone de relieve el hecho de que la pobreza es mayor en los países que dependen de las exportaciones de productos primarios, aspecto clave en la llamada “trampa de la pobreza”. De hecho, los acuerdos comerciales vienen a desalentar activamente la diversificación económica y el movimiento hacia sectores de mayor valor añadido, lo opuesto, de una estrategia de desarrollo económico razonable para los países en desarrollo.

• El crecimiento que se estima en el sector agrícola – particularmente en los sectores de frutas, verduras y frutos secos y, en la producción de agrocombustiles – así como en el sector minero, podría provocar cambios importantes en las tendencias del uso del suelo y aumentar la presión sobre los recursos de tierra y agua en la región andina y los países centroamericanos. Para los países andinos, la expansión prevista en la agricultura y las industrias de madera podría conducir más rápidamente a la deforestación y reducción de la biodiversidad. Podrían incrementarse las exportaciones de etanol y aceite de palma de Colombia a la UE, debido a que el Acuerdo ofrece un marco legal de acceso a los mercados más seguro que el SPG+. En 2009, el 87% de las exportaciones de etanol de Guatemala estaban destinadas a la Unión Europea, cifra que se espera aumente con el AdA.

• Los AdA/TLC incluyen una disposición que impide el mantenimiento o la adopción de nuevos impuestos a la exportación, lo que viene a facilitar el acceso de la UE a materias primas en Centroamérica, Perú y Colombia, al mismo tiempo que limita la posibilidad de los gobiernos de fomentar el procesamiento y la diversificación, y de promover la seguridad alimentaria. El uso de impuestos a la exportación es un instrumento de política clave y valioso para los gobiernos para la generación de valor agregado en los sectores minero y agrícola, a fin de promover la industrialización, creación de empleo y el desarrollo de capacidades. Constituye, además, un componente crucial de políticas para un manejo sostenible de los recursos naturales y una fuente importante de ingresos fiscales.

Las personas que viven en la pobreza se verán afectadas negativamente; aún así, no podrán participar en el proceso de toma de decisiones relacionadas con su derecho al desarrollo.

• La creciente competencia por los recursos de tierra y agua – utilizados mayormente para la expansión de las plantaciones de agrocombustibles, monocultivos y proyectos de industria extractiva – ya ha demostrado conducir a una disminución en la producción de alimentos, el deterioro de los recursos naturales, la deforestación, la pérdida de la biodiversidad y acrecentar el conflicto social. Existe, en concreto, un riesgo de desplazamiento de los sectores más vulnerables de la sociedad:pueblos indígenas, afro-descendientes y campesinos en condiciones de subsistencia. El resultado es una mayor inseguridad alimentaria e inestabilidad social a nivel nacional y regional, así como violaciones de los derechos de las personas más vulnerables.

• De acuerdo con la evaluación EISC, se espera una reducción de los salarios reales en todos los países centroamericanos, puesto que se prevé un aumento de los precios del suelo y de los alimentos mayor que el de los salarios nominales. En Panamá, los salarios nominales seguirán siendo los mismos, mientras que los precios de las verduras y frutas se espera aumenten en un 50% y el precio de la tierra, casi el doble. La evaluación para los países andinos también menciona como posiblemente los ingresos fiscales disminuirán cuando se eliminen los derechos de importación, lo que, sumado a los efectos negativos en los salarios y precios, restringirá aún más los presupuestos nacionales y gastos sociales. Se prevé que las importaciones aumentarán más que las exportaciones, lo que afectará negativamente la balanza comercial y conducirá a una disminución de las reservas y a un posible aumento de la deuda externa.

• Los AdA/TLC contribuyen al cambio de prioridades en la cooperación al desarrollo de la Comisión Europea con Centroamérica y los países andinos: del apoyo a la democracia, derechos humanos y desarrollo social, al crecimiento económico basado en la exportación y la integración económica regional. La revisión de mitad de período (2007-2013) de las estrategias de cooperación de la CE con Centroamérica , Perú y Colombia ya muestra cómo en la práctica, la implementación de los Acuerdos se está convirtiendo en una prioridad. Para garantizar una coherencia de políticas para el desarrollo en línea con el Tratado de Lisboa y el Consenso Europeo para el Desarrollo, son las políticas comerciales (los AdA y TLC) que deben tomar en consideración los objetivos de desarrollo y no al revés. Con los Acuerdos, la cooperación al desarrollo contribuirá cada vez más a crear un clima empresarial amigable para la inversión extranjera y la exportación, que repercutirá en un apoyo reducido para las inversiones públicas en los sectores de salud y educación, buena gobernanza y derechos humanos.

• Tomando en cuenta las experiencias problemáticas y las críticas al funcionamiento de los mecanismos de participación de la sociedad civil en el marco de otros Acuerdos Comerciales de la UE como el de México y Chile, es necesaria una evaluación de los modelos anteriores a fin de garantizar la participación efectiva y el seguimiento por parte de las organizaciones de la sociedad civil.

Sobre esta base animamos a los Eurodiputados a tomar las siguientes acciones:

• Promover y participar en las discusiones del Parlamento Europeo (PE) sobre estos Acuerdos. Las recomendaciones del Parlamento al Consejo relativas al mandato de negociación (15 de marzo de 2007) así como las evaluaciones del impacto sobre la sostenibilidad del comercio (EISC), conforman una buena base para las discusiones;

• Organizar Audiencias en el Parlamento Europeo que incluyan la participación de la sociedad civil de los países de Centroamérica, Perú, Colombia y Europa, y reunirse con diferentes sectores de la sociedad civil para discutir con ellas sobre las perspectivas de los Acuerdos;

• Plantear preguntas a la Comisión Europea sobre los problemas de desarrollo relacionados con los Acuerdos – incluyendo los impactos sociales, laborales y ambientales – y asegurar que se discutan y tengan en cuenta;

• No ratificar los AdA/TLC hasta que se garantice que son coherentes con el respeto a los derechos humanos, el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y otros objetivos de desarrollo frente a las cuales la UE se ha comprometido.

• En virtud de este proceso de revisión democrática de los Acuerdos AdA/TLC, hacer un llamado a una renegociación integral de los mismos. Garantizando la participación real y efectiva de la sociedad civil en el proceso, Exigiendo un rol para el PE que le permita contar con recursos y poder adecuado para el seguimiento e implementación de los Acuerdos, asegurándose que contribuyan efectivamente al desarrollo sostenible y al cumplimiento integral de los derechos humanos en ambos continentes.

Ver documento completo

http://www.gruposur.eu.org/Acuerdos-comerciales-de-la-Union.html

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