Registro en medios

2017-08-15

Atención a desplazados no mejora

23 de Abril de 2012

El Espectador / Abril 22 de 2012. Seguimiento a ejecución de la política sobre desplazamiento concluye que no mejora el panorama, pese al esfuerzo del Gobierno.

Para la Defensoría del Pueblo, pese al esfuerzo del Gobierno por atender a los desplazados, aún persisten problemas que se han detectado en los últimos años.


La atención de la población desplazada en el país no mejora, pese a los esfuerzos que en la materia ha hecho el Gobierno. Al menos, ésta es una de las conclusiones de la Defensoría del Pueblo, tras un estudio que realizó de las condiciones en las que se está dando el regreso de los desterrados, a sus tierras, y del programa gubernamental Retornar es Vivir. Para el Ministerio Público, el Ejecutivo no ha logrado los objetivos de garantizar los derechos de esta población vulnerable, debido a la falta de sostenibilidad y acompañamiento a las familias.

El análisis lo hizo acatando una orden de la Corte Constitucional que le pidió hacer seguimiento al cumplimiento de la tutela 025 de 2004, en la que se le ordenaba al Gobierno mejorar la atención de los desplazados. La institución, en un informe de 190 páginas conocido por El Espectador, analizó los efectos de la aplicación de la Ley de Víctimas en la política pública del retorno, los ajustes que el gobierno ha hecho a dicha política, y los avances en la atención de esta población, a la luz del estudio de 38 casos de gente que retornó a sus tierras, en 31 municipios de 10 departamentos. El informe remata con conclusiones que no parecen muy alentadoras y con algunas recomendaciones para corregir en el camino.

El primer punto de estudio fue el efecto de la Ley de Víctimas en la Política Pública de Retornos. Para la Defensoría es preocupante encontrar que en la nueva norma, pese a cambiar el organismo encargado de atención a desplazados, la estructura mantiene los mismos problemas institucionales detectados en el pasado y advierte que, al aumentar la población que debe atender, los líos podrían aumentar.

Casi en igual sentido son las observaciones a los ajustes que el Gobierno le hizo a la Política Pública de Retornos y Reubicaciones, ya que pese a haber formulado cambios “no se observa que las reformas ni las estrategias contengan cambios estructurales que permitan superar las dificultades relacionadas con la desarticulación de las actuaciones del sistema”.

Pero quizá las críticas más fuertes están en la valoración de los avances del Gobierno en la atención a esta población. Para la Defensoría, las falencias en seguridad persisten y se agudizan con “algunos comportamientos de la Fuerza Pública”. Además, sigue siendo precaria la atención inicial a los desplazados en los lugares de recepción, lo que “no posibilitan la integración local ni condiciones mínimas de vida de los hogares desplazados”.

El organismo agrega que el actual enfoque de la política pública se concentra en los retornos que ya ocurrieron, y no en acompañar nuevos retornos colectivos, “con lo cual se asegura un continuado incumplimiento del principio de voluntariedad”. Sin embargo, en medio de este oscuro panorama, la institución reconoce haber encontrado que el Gobierno tiene la intención de construir e implementar nuevos esquemas de intervención para procesos de retornos con reformas a la Política, cambios que apenas se implementarán este año.

En el informe, la Defensoría critica la eficiencia del sistema de atención formulado por la Ley de Víctimas, ya que no está claro cómo el cambio servirá para corregir las dificultades detectadas hace ocho años, al igual que la desarticulación en las acciones para garantizar escenarios de retorno y reubicación donde se puedan reparar de manera definitiva a las víctimas del destierro.

Indica que el incumplimiento del Estado ha generado retorno de desplazados sin el restablecimiento de derechos de la población, lo que genera riesgos de nuevos desplazamientos por amenazas, homicidios y desapariciones relacionadas con la tenencia de la tierra. “El reto del Gobierno es que, a través de la nueva Ley, las políticas públicas de restitución de tierras, retornos y reubicaciones se materialicen en restablecimiento de derechos, y que supere los obstáculos para el goce efectivo de derechos de la población desplazada, algo que en los últimos años no han logrado resolver”.

Sobre los informes que ha presentado el Gobierno frente al cumplimiento en la atención de los desplazados, la Defensoría encontró que no tiene fundamentos suficientes para hacer una valoración completa sobre las acciones de cumplimiento. Por eso, sugirió pedirle al Gobierno informes con datos específicos y completos sobre las comunidades que han retornado y los resultados de las acciones gubernamentales. Por lo anterior, el Ministerio Público “encuentra poco claro cómo se va a superar el incumplimiento que se ha registrado en la materia, al igual que la inoperancia de los escenarios de coordinación entre varias instituciones para cumplir con su misión con los desplazados”.

“La población desplazada encuentra dificultades para alcanzar la estabilización social y económica y el goce efectivo de los derechos a la generación de ingresos y vivienda, en los lugares de retorno y reubicación, porque alcaldías y gobernaciones no tienen oferta para el acceso a estos derechos para la población que retorna. A la hora del regreso no hay planes para el restablecimiento de estos derechos, y falta acompañamiento técnico a la población”.

“Los procesos de retorno son momentos cruciales para la reconstrucción del plan de vida de las personas en situación de desplazamiento. Sin embargo, a pesar de los reportes gubernamentales sobre las acciones y programas desplegados, aún no se han logrado establecer una estrategia relativamente efectiva para lograr esos objetivos”, concluye el informe.

 

http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articulo-340539-atencion-desplazados-no-mejora

REGRESAR
COMPARTIR EN: