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2017-08-17

La ley de víctimas: una ley para legalizar todas las ilegalidades, dice senador Jorge Enrique Robledo

08 de Abril de 2014

La Ley de víctimas y restitución de tierras y su reglamentación ha sido un contundente fracaso. La carga de la prueba, su micro-focalización y la caducidad son algunos de los desaciertos de la norma que, en un poco más de dos años solo ha reparado al 1,7% de las víctimas del despojo en Colombia. Este desalentador balance se produce en la semana donde se celebra el Día Nacional de Solidaridad con las Víctimas en el que además se acusa al gobierno de faltarle a la verdad al país maquillando cifras  de restituciones.

 

Este fue el desalentador balance que proporcionaron el senador Jorge Enrique Robledo, el Representante Guillermo Rivera, el especialista en temas agrarios Juan Manuel Ospina y el investigador Gerardo Vega, durante el debate del programa semanal de la Franja de Análisis, La Controversia de Canal Capital, que dirige y conduce León Valencia.

Más de 4 millones de colombianos se han visto afectados por el conflicto, según informe periodísticode La Controversia. De 54.063 solicitudes presentadas, solo el 28,3% está en trámite y apenas el 1,7% ha sido fallado por jueces. Así mismo, el 58% de las tierras restituidas son baldíos de la nación, todo lo cual, señala el informe, es una violación de la Ley 160 1994.

Un fracaso anunciado

El senador del Polo Democrático (PDA), Jorge Enrique Robledo, quien siempre ha sido un crítico de la Ley 1448 de 2012, aseguró que aunque su partido es amigo de la restitución de tierras, siempre evidenciaron que la ley cojeaba.

“Yo hice un debate y advertí en el Senado que eso iba a ser un fracaso rotundo, porque toda la reglamentación se diseñó para entrabar cualquier cosa acertada que pudiera tener esa ley. Realmente no puede ser peor el fracaso de esta política”afirmó Robledo.

Una de los asuntos más graves de la Ley para el senador es su caducidad señalada con un plazo fijo. En dos años y medio, cuando “esa ley caduque todas las ilegalidades en tierra van a quedar santificadas, el proceso va a desaparecer, ese es el punto crucial”.

Robledo, visiblemente indignado, dijo: “aquí lo que vamos a tener no es una ley de restitución de tierras adquiridas ilegalmente, sino una ley para legalizar todas las ilegalidades de estos años”, y subrayó como esta era un fracaso rotundo del gobierno de Juan Manuel Santos.

Juan Manuel Ospina, ex director del Incoder, quién vivió de cerca todo el proceso de la formulación de la ley, aseguró que el proyecto legislativo sí presentó dificultades que hoy se pueden medir: “decir que no hay un problema muy grave con la ley es como pretender negar una realidad contundente”.

Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros, ONG que trabaja con población vulnerable, indicó que en un estudio adelantado por ellos sobre la implementación de la ley después de los dos años y medio, las cifras son desalentadoras. “Solamente el 15% de las víctimas se han acercado al sistema. Aquí hay una muy buena ley muy mal implementada”, dijo.

¿Cuál es el número real de hectáreas y familias despojadas?

Preguntó Ospina al  conocer el bajo porcentaje de solicitudes de reclamación. “Yo creo que se pensó que esto iba a ser muy fácil, pero el tema es complejo y las cifras se sobreestimaron. Las cifras son muy preocupantes”, afirmó el especialista en asuntos agrarios y también columnista de opinión.

“Esto todavía puede ponerse peor”, agregó. “Hay 150 reclamaciones de empresas que le vendieron tierras al Incora o Incoder para programas de reforma agraria que hoy piden que les restituyan esos predios, entre estos uno de Indupalma que reclamó el Ministro de Agricultura cuando era gerente de Indupalma”, denunció el senador.

Guillermo Rivera, gestor de la ley y actual Representante de la Cámara por el partido liberal fue el primero en reconocer que los cuestionamientos a la ley están completamente fundados. “Las críticas apuntan a que la reglamentación y buena parte de la ejecución de la misma no está consultando el espíritu con el que esa ley fue aprobada”, anotó.

Cifras maquillan el fracaso

El estudio de la Fundación Forjando Futuros, la Universidad de Antioquia y la Fundación Paz y Reconciliación se basó en las 372 sentencias que se tenían hasta el 15 de marzo, frente a las 360.000 sentencias esperadas, para medir los logros del proyecto de ley de víctimas y restitución de tierras dos años y medio después de su aprobación por el gobierno e 10 de junio de 2012.

Sin embargo, el balance dejó al descubierto el pobre nivel de reparación que la ley ha significado para las víctimas. En cifras del gobierno, según el analista León Valencia, se esperaban 6 millones de hectáreaspara restituir de las cuales, en las 372 sentencias, solo hay 20 mil hectáreas restituidas.

Vega, líder del estudio, puntualizó las cifras en el debate. “El estimado que presentó el gobierno fueron 360 mil casos, pero se han recibido 54 mil solicitudes, y de esas, el 70% está represado en la Unidad de Restitución de tierras porque no hay microfocalización o certeza favorable de las fuerzas militares”.

Aseguró que de las 54 mil solicitudes los jueces han fallado el 1,7%. “Estamos hablando que de las 20 mil hectáreas que se han fallado, el 40% están mal, porque se le entregaron 8.400 hectáreas a una sola familia que no era objeto de adjudicación de tierras porque ya tienen propiedades en Puerto Gaitán, Meta”, precisó Vega.

El senador Robledo expresó su descontento con las cifras del gobierno que, según él, durante un año fueron maquilladas. “Yo probé como desde la casa de Nariño, el propio presidente de la república duró un año entero faltándole a la verdad a los colombianos dándoles cifras de restitución de tierras que no habían ocurrido y que no han ocurrido todavía”, dijo.

Robledo aseguró que el gobierno hablaba de 100 mil restituciones por 800 mil hectáreas cuando hoy se han hecho efectivas 800 restituciones con 20 mil hectáreas restituidas, mucho menos de la mitad.

Entre las cifras más preocupantes es el bajo número de reclamaciones. Solo se ha recibido el 15 % de solicitudes de reclamación esperadas y el 85% restante no se han presentado o responden a dificultades de las víctimas para llegar a la Unidad de Restitución de Tierras.

Limitaciones y caducidad de la ley

Ospina reconoció que en el 2012 en el Incoder se buscaban 4 puntos para la ley y que finalmente no se lograron: convencer que el Incoder tenía la capacidad de hacer una adecuación y clarificación de baldíos, responder con restituciones colectivas como lógica al problema que era por veredas y familias, frenar la microfocalización que es toda la seguridad para garantizar estos procesos y reflexionar sobre el desafío de implementar la ley todavía con un conflicto activo.

Un asunto muy polémico durante el debate fue la caducidad de la ley.

“Pocas leyes se aprueban con plazos y esa ley se aprobó con ese plazo. ¿Lo prorrogaran? Ya veremos”, dijo Robledo. Aunque Rivera aseguró que las leyes de orden público tienen vigencia de 4 años y cada 4 años se prorrogan, para Robledo el asunto es más grave.

“Estamos viendo 160 mil restituciones que se tenían que hacer al 7 de agosto y llevan 800, pero el 7 de agosto aparecen otras 200 mil restituciones que hay que hacer en los otros tres años siguientes, pero con un agravante: esa ley caduca a plazo fijo”, dijo el senador del Polo.

Y agregó: “el mismo ministro Juan Camilo Restrepo tuvo el descaro de decirme: no Senador aquí no hay metas, cualquier número de hectáreas y restituciones que se haga está muy bien”.

Por su parte, Rivera reconoció los errores en la inversión de la carga de la prueba en toda la implementación y en la invención de la microfocalización por la Unidad de Restitución de Tierra, que, según él,  es lo que ha hecho más lento el proceso de restituciones.

“Hay que aceptar que la ley necesita ajustes, excepciones como que la ley admita la instancia administrativa sin necesidad de acudir a la instancia jurisdiccional, por ejemplo, cuando no hay una oposición en el caso”, explicó Rivera para argumentar que el proceso administrativo hace que sea más ágil la restitución.

Víctimas sin ley ni tierras

“Este es el año definitivo de esa ley, el gobierno tiene que compensar con tierra o dinero a la gente que ya no va a recuperar esa tierra”, expresó Ospina.

Por otra parte Rivera, que fue gestor y promotor de la iniciativa, se mostró preocupado por el futuro de la ley, a pesar de reconocer que lo que se consagró en ella es importante para las víctimas, dijo que la reglamentación desconoce el espíritu de la ley. Frente a la creación de la Unidad para relevar a la víctima, aceptó ser crítico ya que no ve su efectividad, “solo hizo más engorrosa la restitución”.

Para el Representante liberal, es urgente que el gobierno cambie y ajuste la reglamentación de la ley.

Robledo se mostró pesimista y  vaticinó que van a empezar a aparecer fallos de tierras que se convirtieron en planes de reforma agraria y “restituciones que le van a quitar al campesino pobre su pedazo de tierra para dárselo a una gran empresa”.

Fue directo y cuestionó al gobierno actual: “a esto el doctor Santos ya le sacó el jugo que le tenía que sacar, es una cortina de humo que ya cumplió ese papel de embellecer un gobierno que realmente nunca ha estado a favor de esto”.

Para Ospina, el presidente Santos no tiene una visión muy clara del desarrollo rural del país, pero sí de la importancia política, “no de “mermelada” sino de política grande, que implicaba que el gobierno asumiera este tema de restitución”. El tema, puntualizó Ospina, desbordó la capacidad de comprensión de quienes estaban en el gobierno.

El 10 de junio de 2011 el presidente Juan Manuel Santos firmó y promulgo la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Dos años después, las cifras son muy malas sobre su implementación de la ley. Es por esto que se necesitan, en opinión de Gerardo Vega, organizaciones sociales que respalden y las victimas tienen que organizarse alrededor de ese derecho.

http://www.canalcapital.gov.co/blogs/la-ley-de-victimas-una-ley-para-legalizar-todas-las-ilegalidades-dice-senador-jorge-enrique-robledo/

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