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2017-08-17

Proyecto de ley beneficiaría a reclamantes de tierras

05 de Mayo de 2014

El Mundo.com / 3 de mayo de 2014. Un nuevo proyecto de ley pretende ofrecerle mejores condiciones a los reclamantes de tierras. Es una iniciativa que fue radicada ante el Congreso de la República y consta de tres beneficios para las víctimas del conflicto.

El primero, estipula que en aquellos casos en los que no se presente un oponente a la reclamación de tierras, no se debe agotar un trámite judicial sino uno administrativo. En otras palabras, una vez recibida la solicitud y documentada, la Unidad de Restitución de Tierras puede otorgar una resolución para ordenar la restitución de los predios.

 

Esta medida evita el paso por los juzgados y la tardanza. Por lo tanto, según el congresista Guillermo Rivera, uno de los abanderados del tema,  “a manos de los jueces solamente deberán ir aquellas reclamaciones en las que se presente un oponente y haya una controversia. Mientras no haya interferencias, no habría necesidad de que estas solicitudes hagan tránsito al ente jurisdiccional”, manifestó.

El segundo beneficio se refiere a proporcionarle condiciones más expeditas a la restitución colectiva. Según el parlamentario, “por ejemplo, en aquellos casos en los que el despojador es solo uno y son varias las familias despojadas por ese mismo sujeto o frente, se podría a partir de este proyecto de ley hacer demandas colectivas y no que cada uno de los despojados tenga que promover una demanda individual”.

Por su parte, voceros de los campesinos dijeron que esta ruta se convierte en una opción preferente porque “en Urabá tenemos registrados 2.800 predios solicitados en restitución y si hay agrupadas 2.800 causas judiciales tendríamos 35 procesos porque los predios son colindantes y la causa del desplazamiento y los victimarios son los mismos. Si se adelanta de manera conjunta se agilizaría mucho más, inclusive si hay opositor”, declaró.

El tercer beneficio es otorgarle facultades al presidente de la República para que haga restructuraciones de las instituciones que tienen a su cargo la ejecución de la política de reparación a las víctimas.

Actualmente existen alrededor de 900 sentencias de restitución de tierras, de esa cifra, el 30 % no ha tenido oponente. De esta manera, según Rivera, “estamos hablando de más o menos de 300 sentencias beneficiadas”.

Además, uno de los apartes del proyecto de ley establece que en donde hay oposición se podrá implementar la figura de inversión de la carga de prueba. De acuerdo con Rivera, se implementaría mediante un juez, quien invertiría la carga de prueba frente al oponente.

Es decir, es al oponente al que le corresponde ante el juez demostrar que el derecho que estaba ejerciendo sobre los predios, lo estaba haciendo de buena fe y exento de culpa. Esto “agilizaría tanto la diligencia administrativa como la judicial en aquellos casos que hubiere ese trámite, porque algunos se quedarían solamente en el administrativo”, afirmó Rivera.

El origen de la idea

Guillermo Rivera, congresista de la República, expuso que la idea surgió “hace un mes, porque tuvimos un encuentro en Cali con organizaciones de víctimas y el presidente Juan Manuel Santos. Este coincidió con el informe que había presentado la Fundación Forjando Futuros y en él se detallaba que hay un avance muy precario en el tema de restitución de tierras. Por esa razón, el presidente me pidió que presentara ante el Congreso de la República un proyecto de ley que permitiera agilizar la situación”.

Así las cosas, el proyecto fue radicado ante el Parlamento Nacional con la participación de otros congresistas como Juan Fernando Cristo y Luis Carlos Avellaneda.

Desde hace tres años se había planteado el tema por parte de los representantes de las organizaciones de campesinos y “afortunadamente” el Gobierno reaccionó de “manera positiva”, promoviendo la presentación de este proyecto de ley, según el vocero.

Sin embargo, Rivera aclaró que el tema tiene mayores antecedentes debido al gran drama de la ley de Justicia y Paz, porque “cada desmovilizado tiene que ir a versión libre y a partir de la sentencia de cada uno se remunera a las víctimas”. Este hecho ha permitido que no se tengan ni siquiera 20 sentencias en firme, aseveró.

Así, en el caso de las Farc, a partir del Acto Legislativo, se establecieron los principios de justicia transicional y en la restructuración de la Fiscalía se creó lo que se le denomina la Unidad de Contexto, que busca evitar esperar que un campesino demande porque este trámite lo adelantaría un juez de manera grupal con otros casos.

Lo que reza el informe

En Antioquia, 66 municipios han sufrido despojos y abandonos de tierras. Estos lugares están en la lista de prioritarios para hacer la restitución y, en ellos, hay más 23.500 hectáreas señaladas como despojadas.

En ese sentido, los campesinos han expresado que hasta la fecha se han presentado 10.000 solicitudes y únicamente se han restituido 55 predios con 1.300 hectáreas.

Por eso, la Fundación Forjando Futuros celebró la decisión del Gobierno, porque un proyecto de ley en el que se pueda hacer la ejecución por vía administrativa, hace más rápido, eficaz, menos costoso y engorroso el trámite para hacer la devolución de las tierras.

Asimismo, se aclaró que si no hay opositor, “¿para qué llevarlo ante un juez? Puede ser el mismo Gobierno, a través de una resolución, el que autorice y devuelva esas tierras”.

Facultades del presidente

Según Rivera, “las instituciones que creó la ley necesitan más musculo político y hay algunas personas que vienen hablando de la necesidad de que alguno de los ministerios existentes, o uno nuevo, asuma las consecuencias ocasionadas con el postconflicto”.

De esta manera, puntualizó que “me parece que debería existir el Ministerio del Interior y del Postconflicto y, bajo la órbita de competencia de esa cartera, deberían de estar las organizaciones que creó la Ley 1448”.

Igualmente, el parlamentario adujo que se requiere una voz ministerial porque las tareas que se vienen en el futuro necesitan una institución de mayor jerarquía dentro de la estructura del Estado. En este sentido, expresó que “uno de los dramas latentes que enfrenta la directora de la Unidad de Reparación a las Víctimas, es que tiene que estar pidiéndole al ministro de Hacienda que gire pronto los recursos o que incremente el presupuesto. No es lo mismo un director de unidad que un ministro”.

Problemática latente

El congresista Guillermo Rivera admitió que durante la historia han existido grandes dificultades en torno al tema, entre ellas están:

Los líderes: es una preocupación porque a los líderes de las organizaciones de víctimas aún los siguen amenazando y asesinando, según Rivera, a través de esta propuesta también se ha reiterado el llamado al Gobierno para que les brinde protección. Pero resaltó que “a pesar de eso, lo que nosotros creemos es que lo más importante es que se termine el conflicto armado en el país”.

Las Farc: el parlamentario admitió que si el conflicto se termina en las zonas donde las Farc tienen presencia, habrá mucha más tranquilidad. Pero en aquellas zonas donde ya las amenazas y los asesinatos se están dando por cuenta de los testaferros, de los despojadores y las bandas criminales, habría según su percepción, “más posibilidades de concertar el accionar de la fuerza pública y garantizar más seguridad y protección a las organizaciones de víctimas”.

El verdadero papel de los entes: tanto la Unidad de Restitución de Tierras como los juzgados, “van a tener que ser más eficientes en cuestiones penales para que se investiguen a los notarios, a los testaferros y a toda la gente que se prestó para que se despojaran las tierras de muchas zonas del país”, acotó Rivera.

Los empresarios: esa es una verdad que todavía está pendiente en lo que concierne a la violencia paramilitar. “Si ya los políticos han sido investigados y la mayoría condenados, ¿por qué no ocurre lo mismo con los empresarios?”, sostuvo.

Además, hasta ahora “muy pocos” empresarios han sido investigados y “creo que ninguno condenado todavía”. También aseguró que “creemos que la Paraeconomía es una verdad por revelarse y que debe surgir de las compulsas de copias de la Unidad de Restitución de Tierras y de los jueces de restitución de tierras a la Fiscalía General de la Nación”.

Contexto actual

Según el congresista Rivera, cinco millones de hectáreas han sido objeto de despojo y en la actualidad hay 20.000 hectáreas restituidas en Colombia, equivalente a un poco más de 900 sentencias que han ordenado la restitución. En el caso del departamento de Antioquia, la cifra es de 1.000 hectáreas con 30 sentencias.

“Todavía es pequeño el volumen de sentencias y de número de hectáreas restituidas. Por eso, con esta reforma que hemos presentado aspiramos a que en un par de años la Unidad de Restitución de Tierras y, en general el Gobierno Nacional, pueda entregar un mejor balance”, concluyó.

Restituciones en Antioquia

-25.706 propiedades abandonadas o despojadas se han presentado en el departamento.

-55 predios se han restituido.

-30 fallos judiciales restituyeron tierras.

-1,9 % es el promedio de predios restituidos por sentencia.

http://www.elmundo.com/portal/noticias/justicia/proyecto_de_ley_beneficiaria_a_reclamantes_de_tierras.php

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