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2017-08-17

Restitución de tierras en Urabá: balance agridulce

10 de Junio de 2016

VerdadAbierta.com / 10 de junio de 2016. ...A juicio de organizaciones no gubernamentales como Forjando Futuros, que brinda asesoría y acompañamiento jurídico a campesinos víctimas de despojo, la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierra en todo el territorio nacional ha sido un fracaso, por lo menos durante estos cinco primeros años.

El caso de Guacamayas es particular, pues la acción de la justicia ha generado más sombras que luces. Recientemente, la Corte Suprema de Justicia ratificó la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín donde se niega la solicitud de restitución sobre doce predios ubicados en esta vereda que realizaron siete familias campesinas.

Lo paradójico es que los jueces de restitución han proferido nueve sentencias donde se reconoce la condición de víctimas de despojo de los campesinos, pero ordena medidas de compensación, pues, basados en conceptos técnicos, señalan que esas tierras no son aptas para la ocupación humana, lo que ha generado desconcierto entre los reclamantes.

De ahí que Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros, señale enfáticamente que “es un fracaso completo que, cinco años después, solo se hayan restituido dos mil hectáreas para el caso Urabá, y que se hayan resuelto apenas tres mil casos. A la gente no le dice nada que la URT haya recibido 17 mil solicitudes, que más de dos mil estén ante los jueces. A la gente lo que le importa es cuánta tierra les han restituido”.

Análisis realizados por esta organización a procesos de retornos de campesinos a partir de decisiones adoptadas por jueces de restitución en cuatro regiones del país (Montes de María, César, Oriente antioqueño y Urabá) arrojaron que, excepto el Oriente antioqueño, los labriegos beneficiados con decisiones judiciales no han contado con apoyo estatal para reconstrucción de viviendas, mejoramiento de vías terciarias e instalación de servicios públicos domiciliarios.
“La gente quiere retornar, pero el gobierno con sus programas no ha podido cumplirle a la gente para que regrese en condiciones dignas: cero vivienda en Cesar, cero vivienda en Urabá”, afirmó Vega, quien señaló que las entidades públicas que más incumplen las decisiones de los jueces son aquellas adscritas al Ministerio de Agricultura, entre ellas el Banco Agrario y el desaparecido Incoder.

A eso suma que, en el 25% de todos los casos analizados, los campesinos favorecidos con los fallos han sufrido acciones de sabotaje o violencia para impedir su retorno. “Amenazas, destrucción y envenenamiento de cultivos, toma de ganados, daño de cercos. Y a eso se suma que van 17 muertos en la región de Urabá y 64 a nivel nacional”, enfatizó Vega.

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