Noticia

2017-09-11

Improvisando con las víctimas

8 de octubre del 2010

En un caos se convirtió la jornada de atención a víctimas organizada por Acción Social en el coliseo Carlos Mauro Hoyos de Medellín. La logística se quedó corta tras el arribo de más de 2 mil personas que buscaban información sobre su trámite de reparación por vía administrativa y la desinformación una vez más fue la constante.

Aunque Acción Social sólo había convocado a las víctimas que hicieron su trámite en Medellín y que estuviera entre los primeros 50 mil radicados, a esta jornada llegaron personas provenientes de todos los municipios del Valle de Aburrá y de otras regiones del departamento a la espera de tener respuesta sobre su solicitud de reparación.

Fue tanta la improvisación que Acción Social sólo tenía dispuestos dos computadores: uno que se instaló a la entrada para la clasificación y el otro para atender casos especiales que demoraron y congestionaron todo el proceso. Además, en medio del desorden, se perdió una caja con la respuesta para los radicados entre el 42 mil y 43 mil.

A las afueras estaban esas víctimas que esta vez estaban sufriendo no por el asesinato o desaparición de un familiar, sino por la falta de planeación de las entidades estatales. Entre tanta gente no había servicios sanitarios y mucho menos un punto de información que aclarara las dudas de las personas que se preguntaban si debían o no hacer esa larga fila.  Algunas veces hubo tensión, los ánimos de las personas que estaban allí se exasperaron porque no encontraban respuestas, tanto así que los organizadores pidieron refuerzos a la policía.

Sin reparación
De los primeros 50 mil radicados de reparación por vía administrativa, unos 3 mil 500 pertenecían a víctimas de Medellín, pero sólo el 15 por ciento recibió una respuesta afirmativa: Es decir, que unas 2 mil 900 personas le negaron su derecho a la reparación.

Así le pasó a María Nora Dávila, quien se instaló desde el pasado viernes a las afueras del coliseo Carlos Mauro Hoyos para obtener la respuesta de la reparación por el asesinato de su esposo Juan Alberto Guerra, el 12 de mayo del año 2002 a manos de integrantes del Bloque Cacique Nutibara. Pero la respuesta fue negativa, para el comité de reparación administrativa el hecho fue cometido por delincuencia común.

Para María Nora ese comité, compuesto por 100 abogados y psicólogos de Acción Social, no corroboró ante la fiscalía los hechos y no tuvo en cuenta la declaración de alias “Don Berna” del asesinato de su esposo en una de sus versiones libres dentro del proceso de justicia y paz y el certificado expedido por la Fiscalía General de la Nación que la reconoce como víctima de grupos paramilitares.

Como ella, hay miles de víctimas a las que les han negado su derecho a la reparación, sin tener en cuenta que es deber del comité buscar los elementos probatorios que corroboren que los solicitantes son víctimas de grupos paramilitares o guerrilleros y no que las propias víctimas deban sustentarlo ante el Estado.

Para acceder al derecho de reparación, María Nora Dávila tiene 5 días hábiles para apelar la decisión, aportar los certificados y esperar que el mismo comité esta vez si la reconozca como víctima del conflicto armado en Colombia, un trámite que le demorará aún más su proceso.


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