Noticia

2017-09-18

Robo, despojo y contrarreforma de tierras en Urabá

21 de octubre del 2011

Por: Fundación Forjando Futuros.

Publicado en Semanario Virtual Caja de Herramientas.


 

La tierra abandonada y/o despojada en tan sólo 25 municipios de Antioquia comprende 430.156 hectáreas, siendo Turbo el municipio más afectado con 86.805 hectáreas despojadas.

El Urabá Antioqueño está integrado por 11 municipios (Murindó, Vigia del Fuerte, Arboletes, Necoclí, San Pedro de Urabá, San Juan de Urabá, Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó y Mutatá), que según cifras oficiales tienen una extensión de 1.166.400 hectáreas lo equivalente a 11.664 kilómetros cuadrados. De estas tierras del Urabá, la Fundación Forjando Futuros tiene conocimiento de la reclamación de 2.950 víctimas de despojo que en total representan aproximadamente 150.000 hectáreas despojadas. Ésta información fue entregada al Ministro de Agricultura el 27 de octubre del 2010, con la intención de que estas familias fueran incluidas en los programas de restitución.

Al superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, el 17 de marzo del 2011, se le hizo entrega, a petición de la Superintendencia, la información de 768 casos objeto de restitución en la región de Urabá en los que su despacho debe constatar la autenticidad o falsedad de las resoluciones del INCORA, INCODER, certificados de libertad y tradición o escrituras públicas presuntamente alteradas o con firmas imitativas.

 

El Presidente de la República y la Superintendencia de Notariado y Registro, en informe publicado el día 25 de agosto de 2011, anunciaron que en Urabá habían sido despojadas, a campesinos pobres, 41.700 hectáreas en tan sólo 6 municipios, sin considerar Carepa, Chigorodó, Mutatá, Vigía del Fuerte y Murindó y restando el estudio de despojo de las oficinas de Registro e Instrumentos Públicos de Frontino y Dabeiba.

Perdido está el trabajo de adjudicaciones realizadas por el INCORA e INCODER a familias campesinas en esta zona. Según informe de la Superintendencia el 80% del despojo se realizó sobre tierras que fueron adjudicadas en los últimos 20 años a beneficiarios del programa de Reforma Agraria. Los anteriores datos oficiales, de manera contundente, demuestran que en las dos últimas décadas Urabá estuvo sometida a una CONTRAREFORMA agraria, propiciada por los grupos de autodefensa para una compra masiva y acumulación de tierras por parte de elites regionales, testaferros y grupos ilegales.

Justo y necesario sería que Urabá y otras ocho zonas del país hubieran sido incluidas en la Ley de Víctimas 1448 como zonas espurias o zonas de despojo, para hacer más fácil y expedito el proceso de restitución. En los 11 municipios del Urabá antioqueño están detenidos, procesados o condenados 5 representantes a la Cámara, 3 senadores, un ex general de la Fuerzas Militares: Rito Alejo del Rio; los directivos de la multinacional Chiquita Brands y Banadex, 8 alcaldes y ex alcaldes, un notario, 3 comandantes de las Autodefensas, otros 16 funcionarios públicos, 5 ex concejales y concejales. Estos hechos demuestran que en esa zona la institucionalidad, gobiernos locales, fuerzas militares y empresariado, estuvieron infiltrados por el proyecto paramilitar que ha causado todo el despojo, hoy reconocido por el propio Presidente de la República.

Procedimental y jurídicamente es mucho más fácil para la victimas lograr la restitución si se expidiera un sólo certificado de despojo sobre cada uno de estas 9 zonas y que la inversión de la carga de la prueba se realizara sobre cualquier reclamación hecha por la víctima, puesto que está demostrado que esas zonas estuvieron bajo control de un grupo ilegal y por lo tanto la libre voluntad de las personas estaba, por ello, viciada.

Hoy como está la Ley 1448, cada una de las víctimas tendrá que demostrar que en su parcela, finca o predio hubo violencia generaliza para que la Unidad Especial de Gestión de Tierras expida el certificado de despojo que es la prueba reina para que los magistrados restituyan los predios al reclamante. La restitución judicial estará sometida a miles de procesos jurídicos que fácilmente llevarán al fracaso y a la inaplicabilidad del capítulo de restitución de tierras, tal como ha sucedido con la reparación y restitución consagradas en la Ley  975 de justicia y paz expedida en el 2005.

En el Urabá antioqueño desde el año 2007 con el liderazgo de la Asociación de Víctimas Tierra y Vida y el acompañamiento de varias entidades públicas, internacionales y varias organizaciones no gubernamentales, se ha logrado la restitución de 4.000 hectáreas a 187 familias.  Éste proceso enseñó el ABC de las tipologías y rutas de restitución, ellas se mantienen y sirven de soporte esencial a la restitución en la nueva Ley de Víctimas.

Cuatro rutas de restitución en la opinión de la Fundación, son las fundamentales:

a) Cancelación de títulos obtenidos fraudulentamente (certificados de libertad y tradición, resoluciones, escrituras, sentencias judiciales), cuando la propiedad ya no se encuentra a nombre de la víctima sino que está registrada a nombre de un testaferro o un tercero de mala o buena fe y el predio ha sido objeto de una o varias transferencias.

b) Restitución material de los ocupantes, ellos son personas que estaban ocupando baldíos (tierras de la Nación) y que fueron despojadas. En esta ruta el INCODER debe adelantar de manera conjunta con otras instituciones la devolución material del predio, mejorándoles su derecho expidiendo la resolución que acredite su propiedad.

c) Retornos individuales y/o colectivos en el caso de tierras que se encuentran abandonadas porque fueron objeto de disputa territorial por paramilitares, guerrillas u otros grupos armados y que causaron violencia generalizada.

d) La restitución directa, puede seguirse aplicando con la confesión del victimario y la voluntad para devolver los bienes patrimoniales a las víctimas en los procedimientos de la Ley 975 Justicia y Paz y el marco de la nueva Ley 1448 de Víctimas y Tierras.

Reconocemos como positiva la expedición y sanción de la nueva Ley de Víctimas y Tierras (1448) del 10 de junio de 2011. Normatividad que ubica a esta población en una situación favorable para el resarcimiento de sus derechos a la verdad, justicia y reparación. El reto a seguir es su aplicación para que no vaya a quedar como una ley ineficaz con la que salgan beneficiarios los grupos ilegales, les ganen los procesos judiciales a las víctimas y se sigan apropiando de los territorios que legalmente le pertenecen a los campesinos del país

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