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2017-09-19

Restitución colectiva: una alternativa macro para un proceso enorme

27 de julio del 2012

IPC, Agencia de prensa / Julio 23 de 2012.Seis millones 500 mil hectáreas de tierra por devolver, 60 reclamantes asesinados y una avalancha de solicitudes[1]; son algunas de las situaciones que generan incertidumbre sobre la posibilidad de cumplir con la restitución de tierras en Colombia. La magnitud de la tarea supera la vía de los procesos individuales y por eso la Fundación Forjando Futuros y el Instituto Popular de Capacitación promueven la ruta de las restituciones colectivas para lograr con éxito la devolución de predios en el país.

La propuesta de Restitución Colectiva de Tierras en Colombia, será presentada el próximo 15 de agosto en el Palacio Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá, donde se darán a conocer los detalles de esta iniciativa que recopiló información, municipio a municipio, en las 12 zonas de mayor despojo en el país. El estudio contiene cifras y datos puntuales sobre los predios despojados, las personas desplazadas, el fenómeno paramilitar y los funcionarios públicos vinculados a la para política.

El interés es promover una alternativa que asegure la viabilidad de la devolución de predios, porque las dos organizaciones sociales temen que el proceso de restitución termine colapsado; como ocurrió con la Ley de Justicia y Paz que facilitó la desmovilización de los paramilitares.

Tras siete años de vigencia de esa ley, las víctimas registradas en Justicia y Paz superan las 352 mil personas, pero hasta la fecha sólo se han logrado tres sentencias en firme y siete en primera instancia. El principal inconveniente es que los casos se han adelantado mediante procesos individuales, desbordando la capacidad de la justicia.

Lo mismo podría ocurrir con la devolución de predios, pues según la Unidad Especial de Restitución de Tierras se calcula que en Colombia habría unos 360 mil casos para resolver. Y aunque el gobierno aseguró que para el 2014 habrá 134 jueces y 60 magistrados dedicados a la restitución, seguramente las dificultades continuarán porque, según Forjando Futuros y el IPC, cada funcionario tendrá que conocer 2 mil 687 casos lo que hace inviable la restitución judicial.

Por eso toma fuerza la ruta colectiva de restitución de tierras, contemplada en el parágrafo único del artículo 82 de la Ley de Víctimas, Ley 1448 de 2011. Este parágrafo, según Gerardo Vega Medina, presidente de la fundación Forjando Futuros, "se refiere a la restitución en territorios vecinos, en zonas donde haya ocurrido un daño colectivo en una misma época y por un mismo victimario."

Para Vega Medina esta es una de las tres rutas que deberían priorizarse para garantizar la restitución. Las otras dos serían: “las adjudicaciones masivas o por barrido geográfico, a través del INCODER, en las zonas  de violencia generalizada o sistémica; y las macro restituciones gestionadas por la Fiscalía ante los tribunales de Justicia y Paz."

De acuerdo con lo anterior, las devoluciones colectivas podrían realizarse en las 12 zonas priorizadas por el Gobierno Nacional, que son: Catatumbo, Magdalena, Cesar, Montes de María, Nariño, Putumayo, Sur de Córdoba, Urabá, Bajo Cauca Antioqueño, Resto de Antioquia, Sur del Meta y Tolima. Estas áreas representan casi el 50% del territorio afectado por despojo o abandono forzado en el país.

Adicionalmente la propuesta de las organizaciones sociales incluye recomendaciones para contribuir con el éxito de la restitución, según afirmó Diego Herrera Duque, presidente del Instituto Popular de Capacitación, quien piensa que la protección de los reclamantes de tierras es un tema clave.


Algunas recomendaciones para el éxito de la restitución

En materia de seguridad, Diego Herrera expresó que se han hecho propuestas tan básicas como “la prohibición del porte de armas en las zonas de restitución, incluso de aquellas armas que tengan salvo conducto porque todos sabemos que en su momento las Convivir era unas instituciones legales que favorecieron el despojo y a los actores ilegales.”

Hasta la fecha han sido asesinados 60 reclamantes y por eso, aunque ya fue creada la Unidad de Protección del Ministerio del Interior, Herrera Duque piensa que es necesario “mantener una política de seguridad para las víctimas reclamantes de tierra en aquellas zonas donde el despojo ha sido más crítico y donde se aspira a que la restitución colectiva sea el medio más eficaz para devolver predios.”

Otra sugerencia es que el gobierno nacional debería hacer públicos los nombres de los políticos, empresarios o ilegales, que están o estuvieron vinculados a procesos de testaferrato y apropiación ilícita de tierras.

Según Herrera Duque se busca hacer público lo que hoy es privado, para que “haya mayor transparencia frente a los procesos judiciales y las investigaciones. Digamos que para nosotros es lamentable que haya un manto de impunidad y que mucha parte de la sociedad no conozca quiénes son realmente los que están investigados, en qué van sus procesos judiciales y efectivamente cómo ha operado la justicia, en estos casos, para salvaguardar a las víctimas y garantizarles la realización de sus derechos, entre ellos el derecho a la tierra.”

De igual forma, el líder social manifestó que el gobierno debería fortalecer las labores de inteligencia para tratar de desenmascarar a quienes dirigen el “aparato organizado de poder en el país. O sea que son estructuras mucho más complejas y que no es solamente la acción detrás de quien ejecuta el acto, sino que detrás de eso hay otros actores con mucho peso que también hacen parte de esa estructura criminal que está entre la legalidad y la ilegalidad.”

Finalmente Diego Herrera aseguró que la seguridad jurídica es un aspecto muy importante en el proceso de restitución, por lo que es indispensable que la inversión de la carga de la prueba no pierda peso como instrumento jurídico. “Un principio fundamental es la buena fe de los despojadas, o sea hay que creerle primero a las víctimas antes que a los victimarios o a quienes comenzaron con esa práctica de despojo.”

Con este tipo de recomendaciones, en la propuesta de Restitución Colectiva de Tierras en Colombia, se espera que la devolución de predios pueda ser una realidad y un proceso construido entre el gobierno y la sociedad civil, para que no termine causando desesperanza entre los colombianos y esencialmente entre las víctimas del conflicto armado.

[1]Cerca de 15 mil 500 solicitudes de restitución, hasta el primer semestre de 2012, según cifras de la Unidad Especial de Restitución de Tierras.


Origen:
http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php?option=com_content&view=article&id=602:restitucion-colectiva-una-alternativa-macro-para-un-problema-enorme&catid=37:general&Itemid=150
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