Noticia

2017-09-19

Testaferros compran víctimas para lograr su retractación

31 de julio del 2012

¿Por qué algunas víctimas del pasado hoy dicen que no lo son? ¿Qué hay detrás de casos como el de “La California” en Urabá? ¿Empresarios, testaferros y despojadores están involucrados? ¿Intimidaciones, asesinatos y desplazamientos? ¿Cuál es el alcance de la mano negra contra la restitución?

Luego de que el pasado viernes 27 de julio la sala de redacción de justicia del periódico EL TIEMPO publicara un artículo titulado “Pugna entre ONG de Urabá por restitución de tierras”en el cual se visibiliza una problemática compleja acerca de víctimas que en un momento tuvieron esa condición y que extrañamente hoy dicen nunca haberla tenido, se abre nuevamente el debate público acerca de la legitimidad o no de las víctimas en el proceso de reparación y restitución de tierras, situaciones que dificultan el proceso y que se pueden replicar a lo largo de las 12 zonas priorizadas para ella.


La compleja situación de los reclamantes

Desde el momento en el que se plantea la restitución de tierras como una opción para avanzar en la búsqueda de la reparación que el Estado debe garantizar a las víctimas del conflicto armado, se prevé que será un proceso complejo. Más si se tiene en cuenta que muchos de los que hicieron el daño de forma sistémica, aun pertenecen a las estructuras bajo las cuales se cometieron los atropellos contra la población, algunas veces desde las sombras, otras desde la militancia de grupos al margen de la ley o sus brazos derivados. La guerra y la apropiación de tierras han dejado cifras inmensas de dolor, pero a su vez cifras incontables de fortuna.

Será entonces entendible que quienes aprovecharon el conflicto e incluso lo auspiciaron para engrosar sus riquezas agoten los recursos que tengan al alcance para retenerlas, en algunos casos asesinando o atentando contra la integridad física de los reclamantes o sus familiares, intimidándolos, extorsionándolos e incluso ofreciéndoles dinero para que desistan del proceso, prometiéndoles predios de quienes ya no están en la región, comprando funcionarios o traficando influencias ante las instituciones, desprestigiando a las organizaciones en las que han depositado su confianza o creando nuevas que de formas cuestionables abogan por la no-restitución.

No es gratuito que la prensa nacional hable de un “ejército contra la restitución” ni de falsas organizaciones que buscan todo lo contrario a facilitar la reparación de los reclamantes, muchos de ellos campesinos.

Forjando Futuros insiste constantemente en la necesidad de abrir un debate público acerca de los temas relacionados con las tierras, la legitimidad de los reclamantes, la protección y seguridad de las víctimas, el tratamiento transparente y público de la información que se maneja desde el gobierno y la eficacia de las rutas a utilizar para lograr con éxito la reparación.


Reclamantes de California sí son víctimas

El debate se genera porque el pasado 25 de abril la Junta de Acción Comunal de la vereda California en Turbo (Antioquia) habría enviado una carta donde afirmaban que ninguna de las 25 familias que conforman la vereda sufrió desplazamiento. Afirmación que contradice totalmente el proceso que venían adelantando como reclamantes de tierras y cuya condición queda clara y ampliamente probada en el material presentado por FORJANDO FUTUROS a la Fiscalía y a los entes competentes en días pasados. (Parte del material presentado como prueba se encuentra adjunto en la parte de abajo)


¿Qué ocurrió entonces para que María Oliva Garcés representante de la Junta de Acción Comunal de la vereda California, y los demás reclamantes dejaran de ser víctimas de la noche a la mañana?

Esa zona ha sido de amplio dominio territorial de los grupos paramilitares que hacen presencia allí desde al año 1997 aproximadamente, por lo cual los habitantes de la zona pudiesen estar aún intimidados por la violencia de los grupos al margen de la ley, o las bandas sicariales que de estos se derivan, por otra parte aún quedan los empresarios y los testaferros que financiaron los grupos paramilitares de la zona, y se presume que están ofreciendo sumas de dinero y parte de los predios pertenecientes a los habitantes de la vereda que no regresaron a la zona.


El material presentado por FORJANDO FUTUROS está compuesto por las siguientes pruebas, entre otras:

1. COPIA DE REGISTRO DE PRENSA DEL PERIÓDICO EL TIEMPO, SECCIÓN NACIÓN, FECHA DE PUBLICACIÓN 17 DE MARZO DE 1993, AUTOR ORLANDO LEÓN RESTREPO. Allí María Oliva Garcés se reconoce como “una víctima inocente de la violencia”, en visita que le hiciera a su casa el presidente de la república a la fecha, señor Cesar Gaviria Trujillo, vivienda que se encuentra ubicada en el municipio de Apartadó, barrio Vélez, casa No 107 38. 
[Ver documento]

2. COPIA DE LA RELACIÓN DE MUNICIPIOS Y VEREDAS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA CON DECLARACIÓN Y RESOLUCIÓN DE DESPLAZAMIENTO E INMINENCIA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO: Se incluye el municipio de turbo, Resolución del Comité Local de Atención a Población Desplazada (CLAID) # 001 de agosto 30 de 2007 donde se declara la ocurrencia del desplazamiento y la inminencia de desplazamiento de los habitantes de la vereda California, en el corregimiento de Nueva Colonia, del municipio de Turbo, Antioquia, donde tienen su parcela o finca MARÍA OLIVIA GARCES y FRANCISCO BERRÍO.
[Ver documento]

3. COPIA DEL PRIMER INFORME DE PREDIOS DEL MUNICIPIO DE TURBO, ANTIOQUIA, QUE ES PARTE DE LA RESOLUCIÓN 005 DEL 17 DE MARZO DE 2009, donde se incluye a María Oliva Garcés y Francisco Berrio como propietarios, cuyos predios están protegidos ante el fenómeno del desplazamiento forzado.
[Ver documento]

4. COPIA DE LA CIRCULAR NO. 125 DE 11 DE JUNIO DE 2009 EMITIDA POR EL SUPERINTENDENTE DE NOTARIADO Y REGISTRO Orlando García Herreros y dirigida a todos los notarios del país para informarles que todos los propietarios, poseedores, ocupantes y tenedores de los predios ubicados en varias veredas, entre ellas California en el corregimiento de Nueva Colonia de Turbo – Antioquia, son tierras protegidas y su propiedad no puede ser transferida sin la autorización del Comité Local de Atención a Población Desplazada de Turbo, en razón de que en ese territorio hay desplazamiento e inminencia de desplazamiento por la violencia.
[Ver documento]

5. COPIA DE LA DENUNCIA PENAL PRESENTADA EL DÍA 15 DE MARZO DE 2005 EN EL MUNICIPIO DE TURBO ANTIOQUIA, REPRESENTANDO 21 PERSONAS HABITANTES DE LA VEREDA CALIFORNIA entre los cuales se encuentra el señor Francisco Berrío, así como la copia de poder otorgado por este mismo señor y, copia del poder otorgado por la señora María Oliva Garcés. La demanda es interpuesta contra Felipe Arsesio Echeverri Zapata, empresario bananero, por los delitos de estafa y constreñimiento ilegal. Quien en complicidad con Raúl Hasbun, comandante del Bloque Bananero de las AUC y que se encuentra privado de la libertad en la cárcel de alta seguridad de Itaguí Antioquia, y otros paramilitares, obligaron a los campesinos de la vereda California a pagarles los terrenos que habitaban, en terrenos que son baldíos, propiedad de la nación, tal y como se ha podido establecer en el proceso que cursa en el juzgado Primero Penal del Circuito de Turbo, radicado UI.0528231040012900130.
[Ver documento]

6. COPIA DE LA RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN CONTRA FELIPE ECHEVERRI, DE SEPTIEMBRE 07 DE 2009, EXPEDIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE ANTIOQUIA, FISCALÍA TERCERA, POR LOS DELITOS DE ESTAFA en el proceso judicial que se adelanta por estos mismos hechos, donde obran como demandantes María Oliva Garcés y Francisco Berrío.
[Ver documento]

7. COPIA DE LA SENTENCIA ANTICIPADA 024 DE 23 DE JUNIO DE 2009, CON RADICADO 05000 31 07 002 2009 0023 DEL JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO DE ANTIOQUIA, QUE CONDENA A RAFAEL EMILIO GARCÍA POR DESPLAZAMIENTO FORZADO Y CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO EN LA VEREDA CALIFORNIA, CORREGIMIENTO DE NUEVA COLONIA,. Municipio de Turbo donde habitan María Oliva Garcés y Francisco Berrío.
[Ver documento]

 

La Fundación Forjando Futuros invita a quienes realmente han sido víctimas del conflicto armado, y que específicamente han sido desplazados o despojados forzosamente de su tierra, a que no accedan a las presiones de los grupos delincuenciales ni se conformen con dineros sucios logrados a costa de su propio sufrimiento, pues así encontraran un beneficio inmediato que terminará por ahondar el problema, recordándoles que el tema no es de plata, es de justicia, es de verdad, es permitirle a Colombia llegar a ser algún día un país transparente, donde el equilibrio y la prosperidad no se construyan a base del derramamiento de sangre de los compatriotas.

Así mismo invita al gobierno a que plantee sus políticas respecto al manejo de la información, ya que la seguridad y protección de las víctimas, no se logra ocultándolas sino capturando a los testaferros que financian los sicarios.
REGRESAR
COMPARTIR EN: