Noticia

2017-09-19

Primera sentencia en Restitución de Tierras. Indispensable Restitución Colectiva y Administrativa

29 de octubre del 2012

Con la restitución de 14 de los 17 predios reclamados en la demanda interpuesta por la UNIDAD DE TIERRAS para la reparación de algunas de las víctimas de Mampujan, se estrenan los jueces de tierras creados por la Ley 1448 de 2011.

 

El pasado 16 de octubre del presente año, el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras ordenó mediante la sentencia No 0001, la restitución de 66 hectáreas 941 metros cuadrados a 14 reclamantes, sentencia que se convierte en la primera desde la aparición de la Ley 1448 y que marca un hito de importancia frente a este tema en el país. La demanda fue presentada por la Unidad Administrativa Especial de Restitución de Tierras en Bolivar y buscó la restitución de 17 predios para 15 reclamantes víctimas de los hechos ocurridos en el Corregimiento de Mampujan, municipio de María La Baja en el departamento de Bolivar en el año 2000 cuando 338 familias fueron desplazadas de su territorio por las continuas amenazas y agresiones realizadas por los grupos paramilitares al mando de “Juancho Dique” y “Diego Vecino”.

En Mampujan se cometió una de las masacres más sangrientas perpetuadas en Colombia que dejo como resultado un pueblo totalmente desalojado, un pueblo “fantasma”.

De las 17 solicitudes, 3 fueron rechazadas, y se excluyeron de la sentencia de restitución porque a criterio del Juez la Unidad de Tierras no esclareció la legitimidad de los reclamantes, existiendo riesgo de vulnerar derechos de terceros.


Comienzan las sentencias, también el debate

A pesar del exceso probatorio que existía en el caso, el juez decidió constatar la veracidad de los hechos decretando pruebas de oficio respecto a 6 de los predios reclamados. Esto, si bien refuerza la legitimidad del fallo y contó con el aval de la Procuraduría, extiende considerablemente también los tiempos del proceso y deja en el aire una sensación de poca efectividad en el proceso por lo poco significativo de los resultados en un país donde son más de 360.000 los casos estimados de víctimas reclamantes de víctimas. Cabe recordar que en la Ley las pruebas presentadas por la Unidad de Restitución se entienden fidedignas y gozan de total veracidad pues la unidad dispone de los mecanismos indicados para la recolección de las mismas.

El juez sustentó la demora del fallo, el cual tomó casi 4 meses en proferirse; a la lentitud con la que el INCODER y la Oficina de Instrumentos Públicos respondieron a las solicitudes de información, extendiendo los tiempos establecidos para los tramites, por lo que hizo un enérgico llamado de atención a estas entidades y solicitó mayor articulación institucional y asertividad de sus acciones en el proceso.

Expertos coinciden en la importancia de este primer fallo, y en que la demanda se haya presentado con características de restitución colectiva dada la congruencia de las características de las víctimas y la verificación de la situación generalizada que produjo su desplazamiento, pero temen se esté procediendo a marcha lenta y no se alcance a dar abasto a la expectativa que ha generado la ley para la sociedad, por lo que proponen se proceda con una lógica más ajustada a los retos de la justicia transicional, más ágil y menos civilista, sobre todo cuando se trate de procesos sin oposición como el desatado mediante esta sentencia.

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