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2017-09-19

Avanza la etapa probatoria del caso Guacamayas, Urabá

04 de septiembre del 2013

Durante tres días fueron escuchados por un Magistrado de Control de Garantías de Justicia y Paz, 15 testigos, entre ellos víctimas, del caso Guacamayas, vereda de Mutatá donde entre 1996 y 1997 fueron despojados doce predios por presuntos aliados de las autodefensas en Urabá.

Los testimonios recibidos fueron los de Iván Darío Vélez, Carlos Páez, Alfranio Manuel Solano, Dionisio Terán, Tibaldo Enrique Díaz, Vidal Durán Jiménez, Rosemberg Ibáñez y Benicio Díaz, Manuel Antonio Díaz, reclamantes y testigos del despojo en la zona. También rindieron testimonio Jaime Uribe Castrillón, Juan Fernando Mejía, Rubén Darío Ruíz, Francisco Castaño y Luis Alberto Vallejo Ochoa, presuntos comisionistas y negociadores de las tierras en disputa.También fue citado Manuel Esteban Rodríguez, quien, al parecer era inspector de policía en Guacamayas en la época del despojo y que alegó “motivos de seguridad” para no asistir a la diligencia.

Los testimonios

“Carlos Castaño citó a una reunión en Montecasino a varios ganaderos que teníamos fincas en la zona de Belén de Bajirá, en ella se planeó una toma a la región, empezando por la vereda Guacamayas (Mutatá). Se dieron órdenes de recoger información de los campesinos de la zona, con el fin de identificar a los supuestos auxiliadores de la guerrilla. También se habló sobre comprarles las tierras y adelantar un proyecto allí”, manifestó uno de los testigos, que estuvo presente en la reunión con Castaño.

Carlos Páez, Alfranio Manuel Solano, Dionisio Terán, Tibaldo Enrique Díaz, Vidal Durán Jiménez, Rosemberg Ibáñez y Benicio Díaz, Manuel Antonio Díaz, que habitaban en Guacamayas revelaron cómo fueron obligados a vender a precios bajos sus tierras y abandonar la región, a través de intimidaciones y presencia del bloque Bananero de las AUC, al mando de Raúl Hasbún, alias “Pedro Bonito”.

Los predios que corresponden a esta reclamación son las fincas La Candelaria, Villa Fany, La Fabiola, Carmen Alicia, Santa María, Santafé, No hay como dios, El descanso, Fundación, Fundación 1 y Fundación 2.

Estas tierras fueron después englobadas y en ellas se asentó la firma Guacamayas S.A. hoy conocida como Inmobiliaria e Inversiones ASA. Por su parte, los comisionistas y socios fundadores de la empresa, que también declararon en el proceso, aseguran que compraron de buena fe, de acuerdo con los campesinos y a precios justos.

“No tuvimos apoyo de paramilitares, tampoco obligamos a la gente a vender, ellos nos vendieron porque quisieron”, manifestó Juan Fernando Mejía en su testimonio.

Sin embargo, ninguno de los señalados de comprar predios para Guacamayas S.A. pudo explicar por qué en un documento que reposa en la Fiscalía y que da cuenta de conformación de la sociedad dice que ésta “tiene su origen, básicamente en el mejoramiento de las condiciones de seguridad, por motivos de público conocimiento”.

“No sé por qué Jairo Lopera habrá puesto eso en el documento, la razón por la que yo invertí es que era aparentemente un buen negocio”, respondió Rubén Darío Ruíz, antiguo socio de la sociedad y que se retiró después del asesinato de Jairo Lopera, zootecnista que manejaba un negocio de asesoría a los ganaderos de la región y quien se encargaba de comprar los predios requeridos para el proyecto ganadero.

Los comisionistas también defienden la teoría de que compraron de buena fe, a precios justos y que no tuvieron trato con grupos de autodefensa, a pesar de que en múltiples ocasiones se afirmó en las audiencias que en la zona nadie se movía ni hacía negocios sin el aval de los comandantes paramilitares.

Contexto del caso

Según relatos de postulados de Justicia y Paz, la vereda Guacamayas fue señalada por las AUC como un sector cooptado por las Farc y una ruta permanente de ese grupo armado, que le permitía moverse entre Chigorodó y Turbo.

A mediados de 1996, se planeó una estrategia militar y económica, que consistía en ingresar con hombres armados a la zona, sembrar terror entre los campesinos y obligarlos a abandonar sus tierras, para que luego comisionistas designados por Carlos Castaño forzaran la venta de las fincas.

“Castaño no confiaba en los colonos, que eran los nacidos en Urabá, decía que eran guerrilleros y que había que sacarlos de allí, por eso me citó a mí y otros que trabajaban allá y que eran de Medellín. En la reunión que yo estuve también estuvieron Jairo Lopera, Juan Mejía, Darío Moreno, Elkin Castañeda y otras dos personas. Por los que oí, yo era el único de la reunión que no estaba enterado de la estrategia, Castaño asignaba tareas y estas personas le respondían por otros encargos que al parecer él les había hecho”, relató un testigo y según dijo, al negarse a hacer parte del plan, fue desplazado de la zona y sus fincas pasaron a manos de los socios de las Guacamayas.

Efectivamente, a finales del 96 llegaron los paramilitares a las Guacamayas y empezó la época más oscura para sus habitantes. “Hubo asesinatos, desaparecieron gente, a uno de los muertos dejaron que se lo comieran los gallinazos, no permitieron que lo enterráramos por orden de Lázaro”, cuentan los campesinos.

Lázaro o “Monopecoso” era Darson López Simanca, el encargado por Raúl Hasbún para comandar el grupo armado que entró a la zona. Esta persona también convocaba a reuniones para informarles a los campesinos sobre el “nuevo orden” en la región y que tenían que vender e irse de allí. “Amenazaban a los niños, a los jóvenes los interrogaban o los desaparecía, diciendo que eran de la guerrilla y al que se negaba a vender lo presionaban”, relata otra víctima del despojo.

Carlos Páez, hoy integrante de Tierra y Vida, fue uno de los que tuvo que vender la finca de su familia. “Cuando ellos llegaron a la zona nos señalaban de auxiliadores de la guerrilla, por eso mi papá y mi familia se fueron para Turbo, pero yo me quedé cuidando la finca. En varias ocasiones fue Juan Mejía con otra gente y me dijo que vendiera, yo le decía que nosotros no queríamos vender y que la finca era de mi papá y yo no podía venderla. La cuarta vez que fue me dijo que ya no me iba a preguntar, que llamará a mi papá porque iba a comprarle la finca”.

Así, el señor Víctor Páez, padre de Carlos, tuvo que venderles la finca La Candelaria (168 has) por $33’600.000. “El negocio se firmó en la finca, entre los acompañantes de Juan Mejía estaba el notario encargado de Chigorodó y así se legalizó todo. Cuando se sentaron sacaron sus armas y las pusieron en la mesa, no nos dejaron leer los papeles que firmamos, nos entregaron $20 millones y nos dijeron que nos fuéramos”, relata Páez.

De esa forma los campesinos, con décadas de ocupación en sus fincas, fueron desalojados y los terrenos quedaron en manos de los que después serían los socios de Guacamayas S.A. Este proyecto fue liderado por Jairo Lopera, que trabajaba con Juan Fernando Mejía en la adquisición de las fincas y contactó a los inversionistas Humberto Duque Peláez, Rubén Darío Ruíz Pérez, y Luis Alberto Vallejo, creando la Sociedad Guacamayas S.A.

Sin embargo, Lopera es asesinado en junio del 97 y la sociedad se oficializa solo hasta el 21 de agosto de ese mismo año y contaba con unas mil hectáreas de terreno. En 2005 desaparece Guacamayas S.A y se convierte en Inversiones e Inmobiliaria ASA Ltda.

En el proceso, la firma aduce “buena fe exenta de culpa” a la hora de adquirir los terrenos y sus representantes manifiestan que las tierras se compraron a precios justos.

Lo que falta

Este lunes 29 de julio continúan los interrogatorios a testigos y partes del caso, citados por la Fiscalía. En agosto comparecerán los que sean citados por los abogados de la defensa, entre ellos los actuales socios de la empresa ASA Ltda.

El proceso ha estado marcado por amenazas contra los reclamantes Carlos Páez, Alfranio Manuel Solano, Iván Darío Vélez, José María Calle y Víctor Manuel Correa Montalvo.

En medio de la desesperación por la no resolución del caso, los antiguos propietarios Manuel Antonio Díaz y Rosemberg Ibáñez decidieron volver a las que fueron sus fincas, ocupando el territorio que en el papel le pertenece a ASA. Estas personas fueron desalojadas por la policía.

El Tribunal de Justicia y Paz de Medellín definirá el futuro de estas tierras y determinar si fueron conseguidas fraudulentamente por los actuales propietarios. También podrá restituirlas a las víctimas, de así disponerlo.

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