Comunicados

2017-08-10

Chiquita Brands, a responder por la verdad y la reparación de las víctimas en Colombia

10 de diciembre del 2012

La Fundación Forjando Futuros celebra la decisión de la Fiscalía General de la Nación de reabrir el proceso contra la multinacional Brands por presuntos vínculos con grupos paramilitares en la región de Urabá. “Lo de Chiquita Brands no puede quedar en la impunidad, esperamos que ahora sí respondan por la verdad y la reparación de las víctimas en Colombia”, manifestó Gerardo Vega Medina, presidente de Forjando Futuros, al enterarse de la determinación del Fiscal General, Eduardo Montealegre.

En el año 2007 Chiquita Brands fue multada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos con U$ 25 millones, cuando se le comprobó que fue una de las empresas que financió grupos paramilitares en Colombia.

Según admitieron en una corte federal altos funcionarios de la corporación, entre 1997 y 2004 fueron pagados aproximadamente U$ 1,7 millones a las Auc, a cambio de la protección de empleados en las plantaciones de bananos. También se confirmó la responsabilidad de la compañía en múltiples casos de despojo de tierras a los campesinos, con el fin de expandir sus terrenos en la región de Urabá.

Como parte de un acuerdo, la Compañía se declaró culpable de hacer negocios con una organización armada ilegal y fue condenada a pagar una multa de U$25 millones. La justicia norteamericana nunca reveló las identidades de los ejecutivos que aprobaron los pagos ilegales de protección.

El Fiscal General cuestionó la decisión inicial de cerrar el caso con la conclusión de que la multinacional realizó dichos pagos fruto de las extorsiones de las que fueron víctimas sus directivos en el país y que ignoraban su destinación, "cómo explican que por tantos años hicieron pagos tan altos, sin recibir nada a cambio. La única respuesta posible es que sabían realmente para qué se destinaban los dineros", le dijo Montealegre al diario El Tiempo.

Igualmente, rechazó los argumentos de los abogados defensores, según los cuales los primeros pagos se hicieron a las Convivir para garantizar protección, sin sospechar que iban para las Auc. Al descubrirse que estas organizaciones trabajaban codo a codo con los grupos paramilitares, la empresa se defiende diciendo que los pagos siguieron haciéndose producto de extorsiones.

Sin embargo el argumento pierde peso cuando se comprueba que aún después de reconocerse a las Auc como grupo terrorista, los dineros siguieron pagándose por parte de Chiquita Brands y varios empresarios bananeros de la región.

La Fiscalía también decidió abrir investigaciones contra las comercializadoras de banano Del Monte, Sunisa, Olinsa, Proban, Uniban y Dole, a las que nunca se les comprobó la culpabilidad o inocencia ante las denuncia hechas por Raúl de Hasbún, alias “Pedro Bonito”, de aportar recursos a las Auc.

“Es necesario que así como Chiquita Brands fue sancionada en los Estados Unidos, en Colombia sea condenada por prestarse para financiar los horrores cometidos por los paramilitares. Así como esta, son muchas las empresas y empresarios que apoyaron grupos armados ilegales o formaron ejércitos privados para proteger su inversión, esto resultó en crímenes terribles, despojo de tierras y toda la violencia de la que sólo hasta ahora el país está conociendo la verdad”, enfatizó Vega Medina.

24 mil personas han sido víctimas de los paramilitares en Urabá en los últimos 15 años, el 80 por ciento de ellas de homicidio. Según datos confirmados por Forjando Futuros, cerca de U$19.5 millones de dólares fueron aportados por los empresarios bananeros a los grupos paramilitares en esa zona del país.


GERARDO VEGA MEDINA
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Presidente
Forjando Futuros

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