Organizaciones sociales rechazan amenazas y asesinatos a lideres en Urabá

Es intolerable que las autoridades naturalicen las amenazas que opositores de mala fe y grupos armados realizan contra la población reclamante de tierras.

De nuevo, circula por el Urabá y por redes sociales un panfleto amenazante contra las personas que legítima y legalmente reclaman la tierra que les fue despojada por actores armados o por terceros que se beneficiaron criminalmente del conflicto armado.

En esta oportunidad amenazan a reclamantes que perdieron su tierra en la vereda El Totumo del municipio de Necoclí, así como a funcionarios públicos e instituciones que acompañamos este tipo de procesos.

Es intolerable que estas amenazas que generan TERROR Y ZOZOBRA en las organizaciones reclamantes de tierras y en las comunidades, se naturalicen por parte de las autoridades estatales, que no hacen nada por el esclarecimiento de tan grave delito, que no investigan a los autores de estas amenazas y, lo más delicado, que no despliegue ninguna estrategia efectiva para la prevención de violencias y la protección de las víctimas del conflicto armado, que cada vez más son revictimizadas.

Por tal motivo le exigimos a la Fiscalía General de la Nación, que realice la respectiva noticia criminal y empiece ya las investigaciones que conduzcan a develar los grupos armados y los opositores que están detrás de estos graves delitos. A su vez, que rinda cuentas a la ciudadanía sobre el estado de todas las denuncias por amenazas y homicidios que han presentado los reclamantes de tierras. Le solicitamos que cumpla con su deber constitucional de dar garantías de no repetición a las víctimas del conflicto armado, llevando a estos perpetradores ante la justicia.

Le solicitamos, a la URT y los jueces de restitución de tierras, evitar la dilación de los procesos y garantizar la entrega material de los bienes inmuebles a sus legítimos propietarios, estas vacilaciones están colocando en más riesgo a la población reclamante. Igualmente, impartir en las órdenes judiciales y en las medidas administrativas, acciones que obliguen a las instituciones competentes a garantizar la protección de los y las reclamantes de tierras.

Le exigimos a la fuerza pública, en especial a la Policía Nacional, realizar acciones de prevención y protección efectiva a las víctimas, que eviten que los grupos armados y opositores sigan constriñendo a esta población vulnerable. En igual sentido, pedimos a la Unidad Nacional de Protección -UNP-, que realice los estudios de riesgo de seguridad teniendo presente la vulnerabilidad que tienen las víctimas en este contexto.

Le pedimos a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que indague con este grupo armado sobre la veracidad de la procedencia de estas amenazas, en caso de ser ciertas los exhorte para abandonar estas hostilidades contra la población civil como gesto para avanzar en la construcción de paz y en caso contrario, que se pronuncien públicamente negando estas autorías, con el propósito de que los opositores de mala fe no sigan utilizando este nombre para intimidar a los y las reclamantes de tierras que acuden a las instancias legales.

Suscriben:

Instituto Popular de Capacitación – IPC

Nodo Antioquia Coordinación Colombia Europa Estados Unidos

Proceso Social de Garantías a la labor de las personas defensoras de DDHH

Antioquia.

Corporación Jurídica Libertad

Fundación Sumapaz

Corporación Nibaru

Colectivo Voces y Huellas

Fundación Forjando Futuros

Cinep

Informes:

Fundación Forjando Futuros

comunicaciones@forjandofuturos.org

Calle 33 #78-45, Medellín