Víctimas de Tulapas llevan 30 años esperando la restitución de sus tierras
En cabeza de la magistrada Nadiezdha Henríquez, encargada del caso 04 – Situación Territorial del Urabá de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se realizó una inspección en las veredas La Pita y La Pitica, en la región de Tulapas, el mayor y más emblemático caso de despojo de tierras en Colombia. Las víctimas reiteraron la urgencia de que se materialice la restitución de sus predios y de que se garantice su retorno con condiciones dignas de seguridad, infraestructura y acceso a servicios.
La diligencia, acompañada por la Fundación Forjando Futuros como representante de víctimas, también contó con la presencia de la Unidad de Restitución de Tierras, la Agencia Nacional de Tierras, la Defensoría del Pueblo y la Misión de la ONU.
En el recorrido, las entidades dialogaron con la comunidad, verificaron el estado de los predios reclamados y revisaron los cultivos de teca establecidos en estas tierras hace más de tres décadas, tras el desplazamiento forzado de las familias campesinas.
“El despacho tiene la lupa en las Tulapas. Es un hecho de gran importancia, es un territorio muy grande en el Urabá y la magistrada tiene un interés muy particular por el reconocimiento de los derechos en el territorio”, explicó Jahson Andrey Taborda Casas, abogado de la Fundación Forjando Futuros.
Las víctimas valoraron la presencia de la JEP, y de las instituciones en el territorio, e insistieron en que la prioridad es volver a sus tierras.
“El tema de las tierras es algo que yo creo que es por lo que hubo el conflicto acá. Han echado una mentira siempre y es que la guerra acá fue entre guerrilleros y paramilitares. No, acá la guerra fue contra los campesinos para adueñarse de la tierra”, aseguró Eliodoro Jiménez, víctima del conflicto y líder en Tulapas.
Durante la diligencia, la comunidad pidió que les sean entregados en calidad de reparación los cultivos de teca de la Reforestadora Integral de Antioquia (RIA), entidad cuyos accionistas son la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, el Idea, EPM y Volante, que actualmente ocupa más de 1.200 hectáreas en predios reclamados. Las víctimas insistieron en que ninguna inversión forestal puede estar por encima de su derecho a la restitución.