Lo que empezó como una apuesta por la educación ambiental hoy se cultiva en aulas, patios escolares y hogares de Medellín. El proyecto EcoHuertas ya muestra resultados concretos: 1.082 estudiantes formados, siete huertas en funcionamiento y cientos de familias replicando prácticas sostenibles en sus casas.

Financiado por el Ayuntamiento de Madrid y ejecutado por la Fundación Forjando Futuros junto a la Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP), el proyecto ha logrado integrar la agroecología, el enfoque de género y los derechos humanos en procesos educativos que van más allá del aula.

Durante el proceso formativo, estudiantes de primera infancia, primaria y secundaria participaron en 60 horas de aprendizaje distribuidas en siete módulos pedagógicos, alcanzando una participación destacada de niñas y jóvenes mujeres. Hoy, más de mil estudiantes cuentan con certificación en estos procesos.

Pero el impacto no se queda en la teoría. En las comunas 13, 4 y 5 ya funcionan siete ecohuertas escolares con más de 60 especies sembradas, sistemas de riego, composteras y espacios diseñados para promover la biodiversidad, como plantas colgantes para polinizadores.

A esto se suma un efecto multiplicador que crece como raíz firme: el 60% del estudiantado aplica lo aprendido en sus hogares, generando más de 500 acciones relacionadas con huertas caseras, compostaje y producción de alimentos.

La comunidad también ha sido protagonista. Más de 50 personas integran comités de huerta, en su mayoría mujeres, fortaleciendo el liderazgo local y asegurando la sostenibilidad del proceso.

En paralelo, seis instituciones educativas ya incorporaron estas prácticas en su currículo, consolidando una transformación que no solo impacta el entorno escolar, sino también la forma en que una ciudad gestiona sus residuos y entiende su relación con la naturaleza.

En este contexto, el concurso “Nuestra influencia sobre el medio” llega como una extensión natural del proceso: una invitación a que las ideas sembradas durante meses de formación florezcan en propuestas creativas capaces de inspirar a toda la comunidad.

La Fundación Forjando Futuros rechaza de manera vehemente los señalamientos y estigmatizaciones realizados por el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, contra el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) y especialmente contra su subdirector, Juan Pablo Guerrero, hechos que ponen en riesgo su integridad, seguridad y vida.

La estigmatización contra organizaciones y personas defensoras de derechos humanos representa una grave amenaza para la democracia y la construcción de paz en Colombia. Este tipo de discursos buscan desacreditar el trabajo de investigación y crear entornos hostiles que pueden derivar en nuevas agresiones.

Desde Forjando Futuros expresamos nuestra solidaridad con el Cinep, su subdirector, y reconocemos el aporte histórico de la organización a la defensa de los derechos humanos, la memoria y la justicia social en el país.

Recientemente presentamos la investigación “Violencias discursivas y riesgos contra personas defensoras de derechos humanos en Colombia”, en la que advertimos cómo los discursos de odio y la estigmatización incrementan los riesgos para líderes sociales, periodistas, organizaciones y personas defensoras.

En este sentido, hacemos un llamado urgente al Estado colombiano para que adopte medidas efectivas de protección y garantice la seguridad del Cinep, de Juan Pablo Guerrero y de todas las personas defensoras de derechos humanos. Asimismo, exhortamos a los medios de comunicación, líderes políticos y a la sociedad a rechazar cualquier forma de estigmatización y a promover un debate público responsable y respetuoso de la vida y la democracia.

En un país donde las amenazas y agresiones contra quienes defi enden derechos humanos persisten, el silencio no puede ser una opción. La solidaridad y el rechazo contundente frente a estos hechos también son una forma de protección colectiva.

Tras más de dos décadas sin una decisión judicial de fondo, el Estado colombiano dio respuesta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) diciendo que en este caso “no se han agotado los recursos internos disponibles, ni se ha excedido plazo razonable para su resolución”. La afirmación contrasta con la realidad de las 21 familias víctimas, motivo por el cual la Fundación Forjando Futuros acude al sistema interamericano.

En la espera de justicia, cuatro víctimas han muerto: Edelmira Chiquillo Fuentes, Alberto Padilla Ruiz, Darío de Jesús Bolívar y Aquibaldo Palacios Agualimpia. 

Este caso de la Asociación Agropecuaria Campesina La Teca (ASOTEC) refleja la demora en los procesos de restitución de tierras en Colombia. Desde 2003, cuando paramilitares forzaron la venta de los predios mediante amenazas, las víctimas han estado sometidas a tramitar sus casos así: 

En 2009, el Juzgado Penal del Circuito de Medellín reconoció el desplazamiento forzado, pero no ordenó restitución. En 2013, la Unidad de Restitución de Tierras reconoció el despojo oficialmente y tampoco restituyó. En 2017, el Juzgado Primero de Apartadó inició el proceso de restitución, sin ningún resultado hasta hoy. Desde 2021 la JEP reconoce estas 21 familias como víctimas, sin resultados tampoco. Y en 2025, la sentencia de Justicia y Paz, que condena al Bloque Bananero de los paramilitares, tampoco devolvió la tierra a estas familias. 

“Llevamos 23 años de trámites, procedimientos, recursos, instancias, diferentes autoridades y nada. El Estado colombiano alega ante tribunales internacionales que eso aún es poco tiempo, que tiene más tiempo para hacer trámites. Esperemos que no muera más gente, esperando que la Unidad de Restitución de Tierras le devuelva sus predios”,  manifestó Gerardo Vega Medina, abogado de Forjando Futuros. 

Ante este panorama, la Fundación Forjando Futuros reitera que acudirá a todas las instancias internacionales para lograr una decisión de fondo que garantice la restitución o la reparación integral de las familias de La Teca.

Más de 1.900 personas defensoras de derechos humanos han sido asesinadas en Colombia desde 2016, según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – Indepaz. El informe “Violencias discursivas y riesgos contra personas defensoras de derechos humanos en Colombia”, presentado por la Fundación Forjando Futuros, advierte que los discursos de odio, la estigmatización y la desinformación han contribuido a recrudecer la violencia que ha provocado la muerte de estos líderes y lideresas.

El estudio documenta además que entre 2024 y septiembre de 2025 se registraron 1.180 agresiones contra personas defensoras (727 en 2024 y 453 en 2025), lo que confirma la persistencia de un entorno de alto riesgo. A esto se suma que 187 líderes y lideresas sociales fueron asesinados en 2025, principalmente en departamentos como Antioquia, Cauca y Norte de Santander, donde confluyen disputas territoriales, presencia de actores armados y economías ilícitas.

El informe de la Fundación Forjando Futuros señala que esta violencia no puede entenderse únicamente desde factores armados o territoriales. Por el contrario, identifica que los discursos estigmatizantes, que presentan a líderes sociales como enemigos, ilegítimos o aliados de actores ilegales, contribuyen a poner en duda su legitimidad y a facilitar escenarios de agresión.

Estas dinámicas se amplifican en algunos medios de comunicación y redes sociales, donde circulan campañas de desprestigio, desinformación y ataques que incrementan la exposición al riesgo. 

El impacto es aún más grave en mujeres defensoras y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, quienes enfrentan formas específicas de violencia, como hostigamientos digitales, amenazas sexualizadas y cuestionamientos a su participación en el espacio público.

Esto coincide con alertas internacionales, como la de La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, desde donde han advertido sobre la persistencia de la violencia contra personas defensoras, en un contexto de débil presencia institucional y limitadas garantías de protección. “Durante más de diez años, Colombia ha sido uno de los lugares más peligrosos del mundo para defender los derechos humanos de diferentes comunidades”. 

La Fundación Forjando Futuros hace un llamado a reconocer las violencias discursivas como un factor estructural de riesgo, a fortalecer las medidas de protección y a promover un debate público libre de estigmatización, como condición esencial para garantizar la vida, la seguridad y la libertad de opinión en Colombia.

La Fundación Forjando Futuros informa sobre una situación que genera preocupación entre las víctimas del caso Puerto Pisisí: el actual gerente de la Sociedad Portuaria de Urabá Pisisí S.A., Jorge Alberto Acevedo Talero, se desempeñó como contratista de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) hasta el 31 de diciembre de 2025, en funciones directamente relacionadas con el seguimiento técnico, administrativo y operativo de concesiones portuarias. Apenas un mes después, el 2 de febrero de 2026, asumió la gerencia de la misma sociedad portuaria que hoy enfrenta un proceso sancionatorio ante esa entidad.

El hecho cobra especial relevancia en medio del proceso administrativo en curso contra Puerto Pisisí, en el que la ANI impuso una multa superior a $14.286 millones por incumplimientos contractuales. Actualmente, dicho proceso no ha concluido, pues se encuentran en trámite recursos presentados por la empresa frente a esta sanción.

En este contexto, la Fundación Forjando Futuros, en calidad de apoderada de las víctimas, radicó una solicitud formal ante la ANI para que con la multa se compense a las familias que perdieron sus predios y fueron víctimas del exterminio de la Unión Patriótica. “Esperamos que el proceso sancionatorio efectivamente se cumpla y ese dinero pase a manos de las personas que fueron afectadas, víctimas del conflicto, en el municipio de Turbo”, manifestó el abogado de la Fundación, Gerardo Vega Medina.

Las víctimas representadas por la Fundación corresponden a las familias de Hoober Quintero, Candelario Pérez de la Rosa y Luis Eduardo Cubides, quienes suscribieron en 2021 un Memorando de Entendimiento con la sociedad portuaria. En este acuerdo, la empresa se comprometió a entregar tierras, vivienda y proyectos productivos como medidas de compensación, compromisos que, a la fecha, no han sido cumplidos.

Adicionalmente, empresarios de la sociedad Puerto Pisisí fueron denunciados penalmente por los delitos de estafa y abuso de confianza, precisamente por el incumplimiento de las obligaciones adquiridas con las víctimas.

La Fundación reitera su llamado a la ANI para que adopte decisiones que prioricen la compensación de las víctimas y garanticen que las sanciones impuestas cumplan una función social y reparadora, especialmente en casos relacionados con el conflicto armado y el despojo de tierras.

Más de 1.000 estudiantes de seis instituciones educativas de Medellín, que ya vienen transformando sus colegios con ecohuertas escolares y prácticas sostenibles, ahora tienen un nuevo reto: convertir sus ideas en mensajes que inspiren a toda la comunidad para cuidar el medioambiente.

La Fundación Forjando Futuros, en conjunto con la Asamblea de Cooperación por la Paz, y con financiación del Ayuntamiento de Madrid, lanzó el concurso “Nuestra influencia sobre el medio”, una iniciativa que invita a estudiantes a presentar propuestas creativas sobre el cuidado del medioambiente desde su vida cotidiana, ya sea en la escuela, el hogar o su barrio.

El concurso hace parte del proyecto Medellín resiliente ante el cambio climático, colegios medioambientalmente sostenibles, proceso a través del cual más de 1.000 estudiantes han participado en procesos de formación ambiental y han construido ecohuertas escolares, espacios donde hoy siembran alimentos, aprenden sobre sostenibilidad y fortalecen su relación con el entorno.

Ahora, ese aprendizaje se transforma en creatividad. A través de dibujos, videos, textos o campañas, los y las estudiantes podrán reflexionar sobre temas como el cuidado del agua, el manejo de residuos, el reciclaje, la reutilización y la protección del suelo, mostrando cómo las acciones diarias impactan el medioambiente.

El concurso también promueve un enfoque de género, etario y de derechos humanos, reconociendo que todas las personas pueden aportar al cuidado del planeta desde sus realidades y experiencias.

Las propuestas podrán presentarse de manera individual o grupal y serán recibidas hasta el 15 de junio de 2026. Las mejores ideas no solo serán premiadas, sino que se convertirán en mensajes capaces de sembrar conciencia en toda la comunidad educativa.

(Encuentra aquí las condiciones del concurso)

Una multa de $14.286 millones fue impuesta por la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI a la empresa Puerto Pisisí S.A.S. por incumplimientos relacionados con la presentación y vigencia de las garantías dentro del Contrato de Concesión Portuaria del proyecto, que se realizará en la vereda Casanova de Turbo, Urabá antioqueño.

Según la resolución expedida por la ANI, el incumplimiento se configuró tras múltiples requerimientos realizados al concesionario desde febrero de 2023 para que presentara las garantías necesarias para el perfeccionamiento del contrato y la firma del acta de inicio.

Sin embargo, el proyecto no ha podido comenzar y ni siquiera cuenta con acta de inicio, pese a que desde hace años se ha anunciado su puesta en marcha.

Además, la póliza de seriedad de la oferta, expedida por Seguros del Estado S.A., venció el 20 de abril de 2023, sin que el concesionario lograra renovarla ni presentar las garantías exigidas.

Para Gerardo Vega, abogado de la Fundación Forjando Futuros, la decisión confirma una cadena de incumplimientos que se han prolongado durante años.

“Hace más de ocho años están diciendo que el puerto pronto empieza y no ha iniciado. El Estado concedió este contrato por 30 años y ni siquiera existe acta de inicio. Ahora la ANI confirma el incumplimiento por no presentar las garantías contractuales”, señaló.

Vega también destacó que dentro del proceso sancionatorio fueron reconocidas como parte interesada seis familias víctimas del conflicto y reclamantes de tierras, representadas por la Fundación Forjando Futuros, quienes fueron despojadas de sus predios en la zona donde se proyecta el puerto.

“Las autoridades nacionales aceptaron a las víctimas como parte interesada en este proceso sancionatorio. Ellas tienen decisiones judiciales a su favor y un acuerdo con la empresa que aún no se ha cumplido”, explicó.

Las seis familias lograron fallos judiciales favorables y un acuerdo que incluye la entrega de 30 hectáreas de tierra, vivienda, un proyecto productivo y la creación de una empresa cooperativa, compromisos que aún siguen pendientes por parte de la compañía.

Precisamente por ese incumplimiento, las víctimas interpusieron una denuncia contra la sociedad portuaria por estafa agravada y abuso de confianza.

“Queremos que miren la situación de las víctimas. Nos sentimos engañados y vulnerados, porque ni siquiera aparecen ni muestran interés en responder por los acuerdos que ellos mismos firmaron”, expresó Yuranis Pacheco, una de las reclamantes de tierras.

La restitución de tierras en Antioquia sigue estancada y no logra superar el 15 % de cumplimiento, a pesar de ser uno de los departamentos más afectados por el despojo y el desplazamiento forzado. Las cifras consolidadas por la Fundación Forjando Futuros muestran un avance del 14,8 %, lo que confirma un rezago que mantiene a miles de víctimas sin una respuesta efectiva del Estado.

De las 27.071 solicitudes presentadas ante la Unidad de Restitución de Tierras, apenas 3.993 han sido resueltas judicialmente. La situación es crítica en Medellín, donde hay 1.251 solicitudes y cero casos resueltos, situación que se repite en municipios como Bello, Murindó, El Retiro, Santa Fe de Antioquia y Yalí, donde el resultado también es de cero sentencias. En otros municipios los porcentajes de cumplimiento siguen siendo muy bajos, como Dabeiba (0,3 %), Frontino (0,5 %), Ituango (0,7 %), Arboletes (0,75 %) y Briceño (0,9 %). 

Aunque se han proferido 2.733 sentencias y se han restituido 57.727 hectáreas en 3.878 predios, las cifras no compensan la magnitud del despojo sufrido en la región. Incluso en términos de equidad, los datos muestran un leve avance: se han entregado 4.782 títulos de propiedad a mujeres frente a 4.202 a hombres, un dato relevante pero insuficiente frente al atraso estructural del proceso

A este panorama se suma la persistente oposición de empresas que continúan dilatando y obstaculizando la restitución de predios. En total, son 168 a nivel nacional, 41 de ellas con presencia en Antioquia, especialmente mineras, agroindustriales y del sector financiero. Esto evidencia que los intereses económicos siguen siendo un factor determinante en el lento avance de estos procesos; incluso cuando las víctimas logran sentencia favorable, la restitución material tarda años. 

Esto es una problemática nacional. A nivel país, las sentencias de restitución apenas representan el 10,6 % de las solicitudes presentadas ante la URT y solo el 6 % de la meta gubernamental de 300.000 casos.

CIFRAS ANTIOQUIA

• Casos resueltos judicialmente: 3.993
• Sentencias proferidas: 2.733
• Cumplimiento: 14,8 %
• Total hectáreas restituidas: 57.727
• Número de predios restituidos: 3.878
• Títulos de propiedad de hombres: 4.202
• Títulos de propiedad de mujeres: 4.782

CIFRAS NACIONALES

• Meta gubernamental para restituir: 300.000 casos
• Solicitudes presentadas ante Unidad de Restitución de Tierras URT: 171.708
• Sentencias proferidas: 12.058
• Casos resueltos judicialmente: 18.147
• Representan 6 % de meta gubernamental y 10.6 % de solicitudes presentadas ante la URT
• Total hectáreas restituidas: 923.484 (12,8 % de la meta gubernamental)

La denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra la Sociedad Portuaria Pisisí S.A. fue presentada contra el representante legal de la sociedad portuaria Teófilo Lemus, y el ciudadano español José María Pernas, socio inversionista del proyecto, por los delitos de estafa agravada y abuso de confianza, en perjuicio de familias víctimas del conflicto armado en el Urabá antioqueño, quienes reclaman el cumplimiento de un acuerdo de reparación firmado hace cinco años.

Las víctimas son campesinos acreditados del conflicto armado por hechos ocurridos entre 1991 y 1996 en la vereda Casanova, municipio de Turbo (Antioquia), relacionados con los asesinatos de los concejales Hoover Quintero y Luis Eduardo Cubides, y el secretario del Concejo, Candelario Pérez de la Rosa, todos militantes de la Unión Patriótica. Estos hechos han sido reconocidos por el Estado colombiano a través de la Unidad de Restitución de Tierras, Juzgado Primero de Restitución de Tierras y la Jurisdicción Especial para la Paz.

Los predios despojados, hoy destinados al proyecto Puerto Pisisí de Urabá, fueron incluidos en el Registro de Tierras Despojadas, pese a que actualmente figuran a nombre de la Sociedad Portuaria Pisisí S.A. Mediante decisiones judiciales de restitución, se ordenó una compensación por equivalencia que, a la fecha, no ha sido cumplida en su totalidad.

Además, el 27 de abril de 2021, las partes suscribieron un Memorando de Entendimiento en el que la empresa se comprometió a entregar tierra rural, vivienda, proyectos productivos, crear una empresa asociativa y pagar tres salarios mínimos mensuales por núcleo familiar, compromisos que no han sido ejecutados.

“Han pasado seis años y la empresa no ha cumplido una sola de las obligaciones pactadas. Por eso acudimos a la Fiscalía, porque estamos frente a una estafa agravada contra familias que ya fueron reconocidas como víctimas por la justicia”, afirmó Gerardo Vega Medina, abogado de la Fundación Forjando Futuros.

Por su parte, las víctimas aseguran haber agotado todas las vías de diálogo sin obtener respuesta. “Fuimos engañados para llegar a un acuerdo que nunca se cumplió. Exigimos que se respete la memoria de quienes ya no están y los derechos de quienes seguimos esperando reparación”, señaló Vanderley Quintero, representante de las víctimas.

Desde la Fundación Forjando Futuros reiteraron su disposición al diálogo y su respaldo al desarrollo del proyecto portuario, siempre que se cumplan los compromisos adquiridos con las víctimas.

En el Urabá antioqueño avanza una apuesta que busca transformar la vida de miles de mujeres y abrirles un camino real hacia mayor autonomía, liderazgo y acceso a derechos. “Libres de Violencia, Dueñas de la Tierra” es un proyecto financiado por la Generalitat Valenciana que impactará directamente a 3.000 personas y alcanzará a otras 16.000 de manera indirecta. Su propósito es enfrentar las violencias que atraviesan la vida de las mujeres, fortalecer su participación política y social, e impulsar su acceso con seguridad jurídica a la tierra.

Implementado por la Fundación Forjando Futuros y Jovesólides Colombia, en articulación con la Asamblea de Cooperación por la Paz y Jovesolides España, este proyecto parte del reconocimiento de que las mujeres rurales, urbanas, campesinas, desplazadas, jefas de hogar, lideresas comunitarias o cuidadoras, enfrentan barreras que atraviesan lo económico, lo político, lo institucional y lo territorial. Por eso su intervención es integral: busca fortalecer la participación de las mujeres en espacios donde se toman decisiones, impulsar su autonomía económica y social como estrategia clave para disminuir violencias, acompañar en la atención a las violencias basadas en género, y garantizar un camino real hacia el acceso y la seguridad jurídica sobre la tierra y la propiedad, entendiendo este derecho como un punto de partida para la estabilidad y la construcción de proyectos de vida dignos.

En los territorios de incidencia, Turbo, Apartadó, Carepa y Chigorodó, se realizó la Línea de Base del proyecto, un diagnóstico riguroso que actualizó la información sobre la situación de los derechos de las mujeres del Eje Bananero. Este análisis permitió ajustar la intervención con mayor precisión y confirmar la necesidad de una respuesta articulada que no solo aborde las violencias, sino que fortalezca el liderazgo social y político de las mujeres. 

“El ejercicio confirmó que el proyecto es una iniciativa sólida y coherente para responder a las múltiples vulnerabilidades que viven las mujeres en estos territorios, integrando la prevención y atención de violencias, el fortalecimiento de liderazgos, la incidencia política, el empoderamiento psicosocial, la autonomía económica y el acceso con seguridad jurídica a la tierra”, explicó la abogada Carolina Alzate, profesional que lidero el informe de la Línea de Base.  

El diagnóstico también mostró que, pese a las limitaciones, existe un importante potencial organizativo y emprendedor entre las mujeres de la región; un potencial que hoy se ve frenado por la precariedad económica, la informalidad laboral y la sobrecarga para quienes son cuidadoras, señala Alzate. Este hallazgo reafirma la urgencia de invertir en su formación, acompañarlas en procesos de liderazgo desde sus comunidades e impulsar acciones que permitan una redistribución más justa de los recursos y las oportunidades.

Otro de los puntos centrales del diagnóstico es la tierra. No solo la tierra productiva rural, sino también la seguridad jurídica en contextos urbanos, donde muchas mujeres, incluidas aquellas desplazadas por la violencia, viven en asentamientos sin títulos, expuestas a nuevas formas de exclusión e incertidumbre. Por ello, la Línea de Base subraya que “es imprescindible fortalecer la planeación territorial con enfoque de género, consolidar la implementación efectiva de políticas públicas que reconozcan a las mujeres como sujetas de derechos y robustecer las capacidades de las instituciones locales y de las organizaciones de mujeres”. También destaca la importancia de promover alianzas estratégicas y una comunicación constante y proactiva que haga visibles los avances, aprendizajes y transformaciones que ya están emergiendo.

Así, “Libres de Violencia, Dueñas de la Tierra” avanza en Urabá con la convicción de que cuando las mujeres están informadas, acompañadas y fortalecidas, transforman sus territorios. Lo que se está construyendo no es solo un proyecto, sino un proceso vivo que reivindica las voces de las mujeres, fortalece sus liderazgos y abre la puerta a un futuro donde la igualdad y la justicia de género sean parte esencial de la vida en la región.